Gobierno y PSOE continuaban negociando al cierre de esta edición el pacto para poner fin al drama de los desahucios. Mientras a lo largo del día fueron trascendiendo algunas de las líneas en las que se basará el decreto que el Ejecutivo pretende llegar aprobar en el Consejo de Ministros de mañana.
Así, el secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, afirmó ayer que se descartaron medidas retroactivas para evitar los desahucios ya que causaría inseguridad jurídica. 'Cualquier tratamiento o cambio se ha de aplicar en el momento actual. La aplicación retroactiva plantea problemas jurídicos y se ha descartado', dijo Latorre en la rueda de prensa de análisis del IPC de octubre.
Asimismo, indicó que la retroactividad de las medidas que se pacten entre el Ejecutivo y el PSOE no se puede aplicar 'por seguridad jurídica' y que no hay prevista ninguna medida de tratamiento especial para las viviendas en alquiler.
Latorre no quiso adelantar las medidas concretas de las que hablan el Gobierno y el PSOE porque la negociación seguía en marcha.
Sin embargo, tras seis horas de reunión en Moncloa, el pasado lunes, donde el Ejecutivo y el principal partido de la oposición anunciaron haber logrado un pacto de urgencia 'sustancial' para cambiar la normativa de las ejecuciones hipotecarias en los casos más graves, lo cierto es que la reanudación de las negociaciones en la jornada de ayer sacaron a flote importantes diferencias.
REFORMAS DE CALADO
Tanto es así, que el PP urgió al PSOE tomar una decisión antes del jueves, mientras que los socialistas manifestaron que tienen voluntad de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo pero advirtieron de que 'no vale cualquier acuerdo' y de que perseguirán una reforma de calado de las leyes hipotecarias, no 'parches' ni 'acuerdos voluntarios' con las entidades bancarias, según la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Ante los recelos del PSOE, fuentes del Ejecutivo explicaron que de lo que se trata en este momento es de 'parar el golpe' y 'seguir trabajando'. Desde el Gobierno se muestran optimistas y creen que el primer partido de la oposición no se descolgará del acuerdo.
Entre otras cosas, los técnicos de Gobierno y PSOE trabajan con la idea de subir los umbrales de exclusión que recoge el Código de Buenas Prácticas para los bancos aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo, y es previsible que entre esas decisiones también se incluya un aplazamiento de dos años de los desahucios en algunos casos. En este momento, para lograr protección la casa hipotecada debe ser la residencia habitual de la familia y su valor no debe superar los 200.000 euros en las grandes ciudades ni los 120.000 en las poblaciones de menor tamaño.
En este sentido, el Gobierno pretende ampliar el umbral a 'situaciones reales', lo que permitiría que se beneficiaran muchas más personas que ahora no pueden hacer frente a sus deuda hipotecaria. Se trata de adaptarlo a precios reales, a los que había en España cuando el 'boom inmobiliario'.
Asimismo, indicó que la retroactividad de las medidas que se pacten entre el Ejecutivo y el PSOE no se puede aplicar 'por seguridad jurídica' y que no hay prevista ninguna medida de tratamiento especial para las viviendas en alquiler.
Latorre no quiso adelantar las medidas concretas de las que hablan el Gobierno y el PSOE porque la negociación seguía en marcha.
Sin embargo, tras seis horas de reunión en Moncloa, el pasado lunes, donde el Ejecutivo y el principal partido de la oposición anunciaron haber logrado un pacto de urgencia 'sustancial' para cambiar la normativa de las ejecuciones hipotecarias en los casos más graves, lo cierto es que la reanudación de las negociaciones en la jornada de ayer sacaron a flote importantes diferencias.
REFORMAS DE CALADO
Tanto es así, que el PP urgió al PSOE tomar una decisión antes del jueves, mientras que los socialistas manifestaron que tienen voluntad de llegar a un acuerdo con el Ejecutivo pero advirtieron de que 'no vale cualquier acuerdo' y de que perseguirán una reforma de calado de las leyes hipotecarias, no 'parches' ni 'acuerdos voluntarios' con las entidades bancarias, según la portavoz socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez.
Ante los recelos del PSOE, fuentes del Ejecutivo explicaron que de lo que se trata en este momento es de 'parar el golpe' y 'seguir trabajando'. Desde el Gobierno se muestran optimistas y creen que el primer partido de la oposición no se descolgará del acuerdo.
Entre otras cosas, los técnicos de Gobierno y PSOE trabajan con la idea de subir los umbrales de exclusión que recoge el Código de Buenas Prácticas para los bancos aprobado por el Gobierno el pasado mes de marzo, y es previsible que entre esas decisiones también se incluya un aplazamiento de dos años de los desahucios en algunos casos. En este momento, para lograr protección la casa hipotecada debe ser la residencia habitual de la familia y su valor no debe superar los 200.000 euros en las grandes ciudades ni los 120.000 en las poblaciones de menor tamaño.
En este sentido, el Gobierno pretende ampliar el umbral a 'situaciones reales', lo que permitiría que se beneficiaran muchas más personas que ahora no pueden hacer frente a sus deuda hipotecaria. Se trata de adaptarlo a precios reales, a los que había en España cuando el 'boom inmobiliario'.
