Han señalado que debe ser Bankia la que demuestre que hubo algún comportamiento irregular
Varios de los abogados defensores de los usuarios de tarjetas opacas de Caja Madrid que han declarado hoy han alegado que Bankia, que actúa como acusación particular, no ha sido capaz de demostrar que se cometiera delito alguno y que ninguno de ellos haya actuado de forma irregular.
Las defensas de Luis Blasco Bosqued, exconsejero y expresidente de Telefónica Contenidos, que gastó 51.500 euros, y de Rubén Cruz Orive, que desembolsó 233.700 euros, han señalado que debe ser Bankia la que demuestre que hubo algún comportamiento irregular, es decir, que en la entidad debe residir la carga de la prueba.
Laura Martínez-Sanz, que ha intervenido en defensa de Blasco, ha recordado que durante 23 años Caja Madrid admitió los gastos que le presentaban sin poner ningún reparo, y jamás pidió ningún justificante.
Pero es que además, ha explicado la letrada, la existencia o no de justificante "no modifica la naturaleza del gasto, con o sin él el gasto seguiría siendo el mismo"; y ahora, el acusado tiene que justificar algo que no tuvo que justificar en su día", cuando de lo que se trata son de gastos inherentes al cargo de consejero.
En defensa de Rubén Cruz Orive, el abogado Juan Carlos Cillán ha insistido en que reside en Bankia la carga de la prueba, ya que no ha declarado ningún testigo ni perito que haya refutado el testimonio de su defendido, que asegura que recibió la visa "para hacer frente a los gastos que considerara necesarios".
Todos los acusados han dado la misma explicación, lo que no implica que "se hayan puesto de acuerdo", ha señalado el abogado, sino que fue así como se desarrollaron los hechos.
Los letrados han abundado en los argumentos expuestos durante el juicio, poniendo en duda la validez de las hojas excel facilitadas por Caja Madrid, cuyo volcado no cuenta con garantías suficientes y vulnera la intimidad de los acusados, ya que no se puede difundir su contenido sin permiso del afectado, algo que no ha ocurrido en ningún caso.
En concreto, el abogado de Javier de Miguel Sánchez, Carlos López Altamirano, ha explicado que dicha difusión viola el contrato de solicitud de tarjeta de crédito que el acusado firmó cuando le entregaron la tarjeta, con la que gastó 172.700 euros.
Se trata de una prueba "ilícita, manipulada, obtenida y utilizada vulnerando hechos fundamentales e indebidamente empleada", con la que se ha querido en este sentido, recuerda que por arte de las acusaciones se ha querido "perseguir y cortar las cabezas de los acusados antes de ser juzgados".
Para De Miguel, la difusión de los gastos efectuados con su tarjeta le supuso "la muerte laboral, de la que ya veremos si resucita", pues fue cesado de una empresa donde ingresó "por méritos propios y en la que tenia una gran proyección".
De Miguel, ha indicado el letrado, ha sido "degradado públicamente y despedido, sólo por complacer a los medios de comunicación".
