El titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, Antoni Garcías, admitió a trámite ayer la querella interpuesta por UGT contra el presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, por lo que le emplaza a designar abogado y procurador que les represente en este procedimiento judicial, tal y como acordó un auto.
Bauzá figura como querellado por haber empleado los servicios de la Abogacía de la comunidad en la demanda que presentó contra el exlíder del sindicato Lorenzo Bravo a raíz de diversos improperios que éste profirió contra él, y que fue archivada tanto en primera instancia como por la Audiencia de Baleares. La querella también se dirige contra el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Antonio Gómez.
