La primera imputación fue anulada por la Audiencia por "falta de concreción", y les acusa ahora del "oscurantismo e ilegalidad" de las ayudas.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha vuelto a imputar hoy a los exdirectores de Presupuestos de la Junta Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera, cuya primera imputación fue anulada por la Audiencia por "falta de concreción", y les acusa ahora del "oscurantismo e ilegalidad" de las ayudas.
La juez, en un auto al que ha tenido acceso Efe, repite textualmente la imputación a ambos ex altos cargos que les fue "leída detenidamente" con motivo de su declaración como imputados en septiembre del 2013 y añade ahora los argumentos de la Cámara de Cuentas de Andalucía y de la Intervención del Estado para culparles del "oscurantismo" e "ilegalidad" de las ayudas.
Precisa el auto que "para colmar la exigencia de sus derechos de defensa", ambos ex altos cargos son citados de nuevo a declarar como imputados el próximo 12 de mayo y anula la fianza civil de un millón de euros impuesta a Aguilera, así como la de 46 millones fijada para Lozano y que ya fue suspendida por la Audiencia de Sevilla al ordenar repetir la imputación.
Alaya atribuye a Lozano y Aguilera delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos y recuerda que la Cámara de Cuentas de Andalucía, al analizar las ayudas sociolaborales investigadas, determinó que desde el 2002 se utilizaron de "manera inadecuada" las llamadas transferencias de financiación.
La elaboración presupuestaria en la que ambos participaron originó la "alarmante ilegalidad" de que las subvenciones "no se tramitaban por su procedimiento legal y no se fiscalizaban como tales subvenciones, sino como meras transferencias de financiación", dice Alaya.
Añade que ello "degeneró en una absoluta falta de control sobre los beneficiarios, sobre las cantidades dispuestas y su destino, además de un oscurantismo total para el común de la ciudadanía" pues "no existía publicidad de tales subvenciones, no existían bases reguladoras, y en cambio se producía un incremento año tras año del déficit presupuestario de la Consejería".
El auto añade como argumento el informe de la Intervención General del Estado, entregado en diciembre del 2013, que volvió a criticar la "improcedencia" de las llamadas transferencias de financiación y su "indebida aplicación".
En conclusión, añade la juez, la responsabilidad de introducir las transferencias de financiación en el Presupuesto de la Consejería de Empleo "sería entre otros de los consejeros de Empleo Antonio Fernández y de Hacienda Magdalena Álvarez, así como de los directores generales de Presupuestos".
Lozano ocupó el cargo entre 2002 y 2009 y su sucesor Aguilera entre 2009 y 2012. Su imputación fue anulada por la Audiencia de Sevilla por "falta de concreción" de los hechos delictivos, al igual que ocurrió con la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez, que volvió a declarar como imputada y cuya fianza civil de 29 millones de euros se encuentra actualmente en fase de ejecución.
