La Operación 'Babel' en la que se investiga un supuesto desvío de 2,3 millones de euros a través del Instituto Nóos, presidido entre el 28 de noviembre de 2004 y el 14 de junio de 2006 por el duque de Palma, Iñaki Urdangarín, concluyó la pasada noche en Barcelona, después de que se iniciara el lunes con varios registros llevados a cabo en sociedades vinculadas al citado Instituto. Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción descarta por el momento imputar a Urdangarín, a la espera de analizar toda la documentación incautada durante los últimos días en los registros llevados a cabo en Barcelona y la información solicitada a la
Por el momento, la Fiscalía Anticorrupción descarta por el momento imputar a Urdangarín, a la espera de analizar toda la documentación incautada durante los últimos días en los registros llevados a cabo en Barcelona y la información solicitada a la Conselleria de Presidencia y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) de la Comunidad Valenciana.
Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción apunta a que tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, como quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios 'totalmente desproporcionados' por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos 'ficticios'. Así consta en el auto, que dictó el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte. El Instituo pretendía con estos convenios convertirse en un observatorio permanente y mundial.
Concretamente, la Fiscalía Anticorrupción apunta a que tanto el Duque de Palma, Iñaki Urdangarín, como quien fuese su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, urdieron un entramado societario cuando ambos estaban al frente de esta entidad a fin de apoderarse de los fondos públicos y privados que recibía Nóos, para lo cual se fijaban precios 'totalmente desproporcionados' por los servicios que prestaban a la Administración y simulando asimismo trabajos 'ficticios'. Así consta en el auto, que dictó el juez instructor del caso Palma Arena, José Castro, para ordenar la entrada y registro de varias de las sociedades presuntamente involucradas en los hechos, tras varios meses de investigaciones en torno al supuesto desvío de 2,3 millones de euros que el Govern presidido por Jaume Matas destinó en 2005 y 2006 a Nóos para la celebración de dos foros sobre Turismo y Deporte. El Instituo pretendía con estos convenios convertirse en un observatorio permanente y mundial.
