Los exministros del PP Javier Arenas y Eduardo Zaplana negaron ayer cualquier responsabilidad o que se cometieran irregularidades en la administración del Estado en relación con la posible inclusión de 'falsos mineros' en los ERE de las empresas de la Faja Pirítica de Huelva y Sevilla.
Ambos comparecieron en la comisión del Parlamento andaluz que investiga los ERE irregulares para aclarar dudas sobre el procedimiento y la posible inclusión de 'falsos mineros' (trabajadores que desempeñaban otra función) en estos expedientes, en los que participó el Gobierno de José María Aznar.
Arenas compareció como exministro de Administraciones Públicas, y Zaplana, como extitular de Trabajo, y los dos defendieron la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por la administración del Estado en los cinco ERE acordados con la Junta para la Faja Pirítica en 2003, con una dotación conjunta de 180 millones.
No obstante, Javier Arenas fue un poco más allá al apuntar que 'hay un antes y un después en la comisión' marcado por la comparecencia del interventor general de la Junta entre 2001 y 2010, Manuel Gómez, y, por ello, expresó que el expresidente andaluz Manuel Chaves y el presidente, José Antonio Griñán, son los que 'tienen las respuestas' a las preguntas para esclarecer el caso.
Por su parte, Zaplana dijo que son 'competencia' autonómica los expedientes de regulación y las pólizas, y que las medidas sociolaborales del acuerdo entre el Gobierno y la Junta 'no están en cuestión y su legalidad no deja lugar a dudas'. 'No pongamos el ventilador, y menos en estos momentos que vive el país. Persigamos las ilegalidades con firmeza porque es el mayor favor que nos hacemos', dijo.
Arenas compareció como exministro de Administraciones Públicas, y Zaplana, como extitular de Trabajo, y los dos defendieron la legalidad de las actuaciones llevadas a cabo por la administración del Estado en los cinco ERE acordados con la Junta para la Faja Pirítica en 2003, con una dotación conjunta de 180 millones.
No obstante, Javier Arenas fue un poco más allá al apuntar que 'hay un antes y un después en la comisión' marcado por la comparecencia del interventor general de la Junta entre 2001 y 2010, Manuel Gómez, y, por ello, expresó que el expresidente andaluz Manuel Chaves y el presidente, José Antonio Griñán, son los que 'tienen las respuestas' a las preguntas para esclarecer el caso.
Por su parte, Zaplana dijo que son 'competencia' autonómica los expedientes de regulación y las pólizas, y que las medidas sociolaborales del acuerdo entre el Gobierno y la Junta 'no están en cuestión y su legalidad no deja lugar a dudas'. 'No pongamos el ventilador, y menos en estos momentos que vive el país. Persigamos las ilegalidades con firmeza porque es el mayor favor que nos hacemos', dijo.
