Distintas asociaciones de periodistas e informadores gráficos pidieron ayer una reunión urgente con el ministro del Interior, Jorge Fernández, para abordar 'posibles discrepancias' con el borrador del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, ya que creen que pueden colisionar con el derecho constitucional a la información.
La misiva está firmada por los presidentes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Elsa González, el Foro de Organizaciones de Periodistas (FOP), Mariano Rivero, y la Asociación Nacional de Informadores Gráficos de Prensa y Televisión (ANIGP-TV), Víctor Lerena.
En ella, las organizaciones señalan que conocieron 'con sorpresa y preocupación' el citado borrador de la ley de seguridad ciudadana, en el que algunos artículos 'pueden colisionar con el derecho constitucional a la información y ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas'.
Y no sólo, añade la carta, para los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también para los editores que publiquen estos contenidos en sus respectivos medios de comunicación.
En el anteproyecto se contempla como infracción 'muy grave', sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes de seguridad con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación desarrollada por las citadas fuerzas.
En ella, las organizaciones señalan que conocieron 'con sorpresa y preocupación' el citado borrador de la ley de seguridad ciudadana, en el que algunos artículos 'pueden colisionar con el derecho constitucional a la información y ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas'.
Y no sólo, añade la carta, para los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, sino también para los editores que publiquen estos contenidos en sus respectivos medios de comunicación.
En el anteproyecto se contempla como infracción 'muy grave', sancionada con entre 30.001 y 600.000 euros, el uso y la distribución de imágenes de los policías, así como datos personales de los agentes de seguridad con fines que puedan suponer un atentado contra su intimidad, su familia o que puedan poner en riesgo una operación desarrollada por las citadas fuerzas.
