El Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo número 11 de Madrid ha emitido una orden a Patrimonio Nacional para detener las exhumaciones en curso en el Valle de Cuelgamuros, antiguo Valle de los Caídos.
La justicia ha aceptado las medidas cautelarísimas solicitadas por la Fundación Española de Abogados Cristianos, que actúa en representación de la nieta de una de las escasas 200 mujeres sepultadas en la Basílica del Valle.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 135.1, se concede a Patrimonio Nacional la oportunidad de expresar lo que considere pertinente en un plazo de tres días. Posteriormente, se dictará un auto sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la medida adoptada.
La cronología
En el pasado mes de junio, el Gobierno inició los trabajos para la exhumación de las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros. El 13 de marzo, el Tribunal Supremo dio luz verde a estas exhumaciones al rechazar el recurso presentado por la Fundación Francisco Franco, último obstáculo que impedía las extracciones de los cadáveres.
En septiembre pasado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10 de Madrid anuló la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para acceder a las criptas y proceder a las exhumaciones de restos mortales de víctimas del Franquismo y la Guerra Civil.
La sentencia llegó después de que, en junio pasado, el Gobierno iniciara los trabajos para exhumar a las víctimas de la Guerra Civil en el Valle de Cuelgamuros, con el objetivo de dar cumplimiento a la Ley de Memoria Democrática.
Abogados Cristianos sostiene que los trabajos de exhumación autorizados por el Ministerio de la Presidencia constituyen "una vulneración del derecho fundamental a la libertad religiosa". La organización de juristas argumenta que el "derecho constitucional a la libertad religiosa ampara el derecho a una digna sepultura".
Asegura que "la simple necesidad de llevar a cabo pruebas de ADN a los cadáveres (lo que implica cierto grado de profanación) constituye una vulneración de un ejercicio de la libertad religiosa". Denuncia que "para realizar estas pruebas no se ha solicitado el consentimiento de los familiares".
"Esto representa otro ataque del Gobierno de Pedro Sánchez al Valle de los Caídos. Lo único que busca con estos trabajos es dañar la Basílica. No descansaremos hasta que se respete nuestra libertad religiosa y la Cruz más grande del mundo", señala Castellano.
"Solo pedimos respeto para nuestros símbolos, nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestros derechos fundamentales. Uno de los más importantes, que está siendo atacado de forma reiterada por este gobierno, es el derecho a la libertad religiosa", agrega.
Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle, ha aplaudido la decisión judicial. Asegura que el derecho a descansar en paz con respeto a la dignidad "no debe ser discriminado ni ignorado según el artículo 10 de la Constitución Española".
