Luis Bárcenas cumplió ayer su primer mes en prisión. Un mes intenso, en el que el extesorero del PP optó por cambiar su estrategia de defensa y poner en marcha la maquinaria mediática y judicial a su alcance para tratar de demostrar que el que fuera su partido se financió de forma ilegal durante 20 años.
Tras ingresar en la prisión madrileña de Soto del Real el pasado 27 de junio, el extesorero lanzó una batería de acusaciones de irregularidades en el PP para poner en el punto de mira a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, y al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Precisamente, las confesiones que hizo Bárcenas, primero en una entrevista con el director de 'El Mundo', Pedro J.Ramírez, y las que hizo el pasado 15 de julio ante el juez Pablo Ruz, llevaron a los grupos de la oposición a pedir explicaciones a Rajoy, que finalmente decidiera comparecer en el Congreso el próximo 1 de agosto.
CAMBIO DE ESTRATEGIA
El cambio en la estrategia de defensa del extesorero se hizo evidente con la publicación de esa entrevista en dicho periódico el domingo 8 de julio. Ello provocó que sus abogados durante los cuatro años de instrucción del caso Gürtel, el catedrático Miguel Bajo y Alfonso Trallero, renunciaran a seguir representándole, alegando 'discrepancias' profesionales.
Al día siguiente por la tarde, el director del diario entregaba al Juzgado de Ruz los originales de los llamados 'papeles de Bárcenas', de los que hasta ese momento solo había las fotocopias, 'papeles' que el extesorero negó en todo momento que fueran suyos y que él los hubiera filtrado.
Ese cambio de rumbo y la aparición de los originales -que, en boca del fiscal del caso, Antonio Romeral, 'se buscaban con ahínco', llevaron a Ruz a llamar a declarar con menos de 24 horas de antelación a Ramírez y para el lunes 15 de julio al extesorero.
El día previo a la declaración del extesorero, se publicaron unos mensajes de móvil que se intercambiaron el presidente del Gobierno y el extesorero a cuenta del caso 'Gürtel', información que se tituló: 'Bárcenas guardaba silencio por el apoyo que le daba Rajoy'.
Ese titular hacía prever que en su nueva cita ante el juez -en relación a la causa en la que se investiga la existencia de una contabilidad opaca en el PP-, el extesorero iba a tomar una postura contraria a la que adoptó el 22 de marzo, cuando fue llamado por primera vez a declarar en el marco de esa pieza separada de Gürtel y anunció que no iba a declarar 'en ninguna comparecencia'.
CONTRATA LIMPIEZA
Las expectativas se cumplieron y Bárcenas declaró durante cinco horas y aseguró que pagó en B un total de 90.000 euros a Rajoy y Cospedal, y sobre ésta lanzó la sospecha de beneficiarse de una comisión de 200.000 euros a cambio de otorgar una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo a la empresa Sufi, propiedad de Sacyr.
También aseguró que recibió en la cárcel la visita de un abogado para advertirle del 'jaleo' en que se iba a meter si declaraba, ya que su mujer podía también acabar en prisión y a él le podría pasar 'lo que le ocurrió a Mario Conde'. Sin embargo no hizo caso de esas advertencias y tan extensa fue su declaración que Ruz le preguntó en una ocasión si quería parar para descansar, a lo que éste respondió: 'Yo le rogaría señoría, acabar esto y volver a prisión lo antes posible'.
Y ahí sigue. Pendiente de conocer la decisión de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado jueves celebró una vista para revisar la orden de prisión que dictó Ruz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
CAMBIO DE ESTRATEGIA
El cambio en la estrategia de defensa del extesorero se hizo evidente con la publicación de esa entrevista en dicho periódico el domingo 8 de julio. Ello provocó que sus abogados durante los cuatro años de instrucción del caso Gürtel, el catedrático Miguel Bajo y Alfonso Trallero, renunciaran a seguir representándole, alegando 'discrepancias' profesionales.
Al día siguiente por la tarde, el director del diario entregaba al Juzgado de Ruz los originales de los llamados 'papeles de Bárcenas', de los que hasta ese momento solo había las fotocopias, 'papeles' que el extesorero negó en todo momento que fueran suyos y que él los hubiera filtrado.
Ese cambio de rumbo y la aparición de los originales -que, en boca del fiscal del caso, Antonio Romeral, 'se buscaban con ahínco', llevaron a Ruz a llamar a declarar con menos de 24 horas de antelación a Ramírez y para el lunes 15 de julio al extesorero.
El día previo a la declaración del extesorero, se publicaron unos mensajes de móvil que se intercambiaron el presidente del Gobierno y el extesorero a cuenta del caso 'Gürtel', información que se tituló: 'Bárcenas guardaba silencio por el apoyo que le daba Rajoy'.
Ese titular hacía prever que en su nueva cita ante el juez -en relación a la causa en la que se investiga la existencia de una contabilidad opaca en el PP-, el extesorero iba a tomar una postura contraria a la que adoptó el 22 de marzo, cuando fue llamado por primera vez a declarar en el marco de esa pieza separada de Gürtel y anunció que no iba a declarar 'en ninguna comparecencia'.
CONTRATA LIMPIEZA
Las expectativas se cumplieron y Bárcenas declaró durante cinco horas y aseguró que pagó en B un total de 90.000 euros a Rajoy y Cospedal, y sobre ésta lanzó la sospecha de beneficiarse de una comisión de 200.000 euros a cambio de otorgar una contrata de limpieza en el Ayuntamiento de Toledo a la empresa Sufi, propiedad de Sacyr.
También aseguró que recibió en la cárcel la visita de un abogado para advertirle del 'jaleo' en que se iba a meter si declaraba, ya que su mujer podía también acabar en prisión y a él le podría pasar 'lo que le ocurrió a Mario Conde'. Sin embargo no hizo caso de esas advertencias y tan extensa fue su declaración que Ruz le preguntó en una ocasión si quería parar para descansar, a lo que éste respondió: 'Yo le rogaría señoría, acabar esto y volver a prisión lo antes posible'.
Y ahí sigue. Pendiente de conocer la decisión de la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que el pasado jueves celebró una vista para revisar la orden de prisión que dictó Ruz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.
