Los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid denunciaron ayer que el PP ha 'vetado' la presencia en la comisión de investigación del caso Madrid Arena de funcionarios, técnicos, políticos ajenos al Consistorio, de la propia alcaldesa, Ana Botella y a la delegada de Hacienda, Concepción Dancausa, autora del informe de investigación interno.
Las únicas excepciones serían la del jefe de la Policía Local y la del funcionario Carlos Viñals, hijo de Simón Viñals, exconcejal del PP en el Ayuntamiento y responsable de una de las empresas implicadas.
Por ahora, y además de los citados, se decidió que acudan 'varios delegados' municipales, responsables de la empresa pública Madrid, Espacios y Congresos, y además directores generales, según el PP. Asistirán a petición propia el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, y la delegada madrileña de Urbanismo, Paz González.
Los grupos de la oposición remitieron ayer una carta al presidente de la misma, Pedro Corral, para que fije la relación definitiva de comparecientes, que no tienen tras la reunión de la junta de portavoces, y no descartan medidas ante la intención del PP de 'censurar' la comisión.
El PP, por su parte, defendió que Botella no acuda a la comisión por entender que no tomó 'decisiones directas' en relación con los sucesos acaecidos el 1 de noviembre en el Madrid Arena y aseguró que 'había dejado absolutamente abierto el camino a posibles comparecencias de funcionarios'.
Las desavenencias entre el grupo mayoritario y la oposición en la junta de portavoces provocó además la suspensión del calendario de trabajo, ya que, según el presidente de la comisión, Pedro Corral, estos se negaron a convocar la próxima sesión.
Así, el portavoz del PSOE, Jaime Lissavetzky, calificó las intenciones del PP de 'desprecio a los funcionarios' y 'mordaza a los que tienen cosas que decir', mientras que el portavoz de IU, Ángel Lara, afirmó que 'se está negando sistemáticamente a fijar las reglas', la primera de ellas establecer 'quién tiene que comparecer y quién no'. Para David Ortega, de UPyD, el Partido Popular 'veta que a la comisión vayan a ir los funcionarios', lo que consideró 'clave'.
Por otro lado, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, señaló que el Gobierno municipal contrató un bufete de abogados para representar al Ayuntamiento en el caso porque se trata de 'una materia muy específica'.
En rueda de prensa, el vicealcalde argumentó que 'es una materia muy específica, que es penal, y el Gobierno (municipal) ha creído oportuno encargar la representación del interés de los ciudadanos madrileños a un profesional que reúne estos requisitos', declaró.
Por su lado, el juez consideró que el Ayuntamiento de Madrid podría ser responsable civil subsidiario de los hechos, por lo que admitió su personación en la causa en esa condición. Así lo acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, que investiga el caso, en una providencia del 19 de noviembre.
Asimismo, la Fiscalía anunció ayer que pedirá la imputación de otras siete personas, entre ellas el gerente de Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo y del administrador de Diviertt, José María Flores -hermano de Miguel Ángel Flores- por ser las personas que firmaron el contrato entre Diviertt y Madrid Espacios y Congresos.
También pedirá la imputación de dos responsables de seguridad de Madrid Espacios y Congresos -Rafael Pastor y Francisco del Amo- y de tres responsables de seguridad de Seguriber, la empresa contratada por Madrid Espacios para la seguridad del recinto.
Por ahora, y además de los citados, se decidió que acudan 'varios delegados' municipales, responsables de la empresa pública Madrid, Espacios y Congresos, y además directores generales, según el PP. Asistirán a petición propia el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, y la delegada madrileña de Urbanismo, Paz González.
Los grupos de la oposición remitieron ayer una carta al presidente de la misma, Pedro Corral, para que fije la relación definitiva de comparecientes, que no tienen tras la reunión de la junta de portavoces, y no descartan medidas ante la intención del PP de 'censurar' la comisión.
El PP, por su parte, defendió que Botella no acuda a la comisión por entender que no tomó 'decisiones directas' en relación con los sucesos acaecidos el 1 de noviembre en el Madrid Arena y aseguró que 'había dejado absolutamente abierto el camino a posibles comparecencias de funcionarios'.
Las desavenencias entre el grupo mayoritario y la oposición en la junta de portavoces provocó además la suspensión del calendario de trabajo, ya que, según el presidente de la comisión, Pedro Corral, estos se negaron a convocar la próxima sesión.
Así, el portavoz del PSOE, Jaime Lissavetzky, calificó las intenciones del PP de 'desprecio a los funcionarios' y 'mordaza a los que tienen cosas que decir', mientras que el portavoz de IU, Ángel Lara, afirmó que 'se está negando sistemáticamente a fijar las reglas', la primera de ellas establecer 'quién tiene que comparecer y quién no'. Para David Ortega, de UPyD, el Partido Popular 'veta que a la comisión vayan a ir los funcionarios', lo que consideró 'clave'.
Por otro lado, el vicealcalde de Madrid, Miguel Ángel Villanueva, señaló que el Gobierno municipal contrató un bufete de abogados para representar al Ayuntamiento en el caso porque se trata de 'una materia muy específica'.
En rueda de prensa, el vicealcalde argumentó que 'es una materia muy específica, que es penal, y el Gobierno (municipal) ha creído oportuno encargar la representación del interés de los ciudadanos madrileños a un profesional que reúne estos requisitos', declaró.
Por su lado, el juez consideró que el Ayuntamiento de Madrid podría ser responsable civil subsidiario de los hechos, por lo que admitió su personación en la causa en esa condición. Así lo acordó el titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, Eduardo López Palop, que investiga el caso, en una providencia del 19 de noviembre.
Asimismo, la Fiscalía anunció ayer que pedirá la imputación de otras siete personas, entre ellas el gerente de Madrid Espacios y Congresos, Jorge Rodrigo y del administrador de Diviertt, José María Flores -hermano de Miguel Ángel Flores- por ser las personas que firmaron el contrato entre Diviertt y Madrid Espacios y Congresos.
También pedirá la imputación de dos responsables de seguridad de Madrid Espacios y Congresos -Rafael Pastor y Francisco del Amo- y de tres responsables de seguridad de Seguriber, la empresa contratada por Madrid Espacios para la seguridad del recinto.
