La Audiencia Provincial de Cádiz dejó ayer visto para sentencia el juicio por la 'Operación Karlos', en una sesión en la que su acusada más famosa, María José Campanario, volvió a proclamar su inocencia y a asegurar que nocometió 'ninguno de los delitos' que se le imputan. La esposa del torero Jesulín de Ubrique, una de las pocas acusadas que ha hecho uso de este último turno de palabra, dijo que ella no entiende 'de leyes ni de pactos' pero sí que: 'Soy inocente, no he cometido ninguno de los delitos que me imputan. Así lo he mantenido y así lo voy a seguir defendiendo'.
Ahora el tribunal tendrá que decidir sobre las numerosas contradicciones entre las versiones que ofrecieron los acusados en un juicio que estuvo marcado porque muchos de los 25 acusados, hasta quince, llegaron a un acuerdo con el fiscal para aceptar las acusaciones a cambio de una reducción en las peticiones de condena del ministerio público.
Tres de los acusados que no han llegado a este acuerdo son el inspector médico, Francisco Casto Pérez, que según las acusaciones fue quien utilizó su cargo para que los 'clientes' de Carretero lograran las pensiones incluso con informes médicos falsos, y María José Campanario y su madre, Remedios Torres, que quisieron defender su inocencia. Para el primero el fiscal pide la pena mayor, nueve años de prisión, uno menos de los que solicitaba en un principio, y para las segundas, dos años y nueve meses de cárcel, cuando en sus conclusiones provisionales el ministerio público solicitaba cuatro años y medio de prisión para cada una de ellas.
Tres de los acusados que no han llegado a este acuerdo son el inspector médico, Francisco Casto Pérez, que según las acusaciones fue quien utilizó su cargo para que los 'clientes' de Carretero lograran las pensiones incluso con informes médicos falsos, y María José Campanario y su madre, Remedios Torres, que quisieron defender su inocencia. Para el primero el fiscal pide la pena mayor, nueve años de prisión, uno menos de los que solicitaba en un principio, y para las segundas, dos años y nueve meses de cárcel, cuando en sus conclusiones provisionales el ministerio público solicitaba cuatro años y medio de prisión para cada una de ellas.
