La operación Lezo investiga el posible sobreprecio en la adquisición en 2001 de la filial latinoamericana Inassa por parte del Canal y la compra supuestamente fraudulenta en 2013 de una empresa brasileña
El Canal de Isabel II venderá todas sus empresas en América Latina a través de un proceso "ordenado", según ha anunciado hoy Ángel Garrido, presidente de esta empresa pública madrileña, investigada por presunta corrupción en la operación Lezo.
"El Canal de Isabel II va a ser una empresa cien por cien pública cuya actividad se va a circunscribir exclusivamente al territorio nacional", ha dicho durante su intervención en el pleno monográfico sobre el Canal celebrado en la Asamblea de Madrid a iniciativa del PSOE-M.
Entre otros asuntos, la operación Lezo investiga el posible sobreprecio en la adquisición en 2001 de la filial latinoamericana Inassa por parte del Canal y la compra supuestamente fraudulenta en 2013 de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.
El también consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno regional ha informado de que en la actualidad 12 de las 25 empresas del Canal en América Latina están en procesos de liquidación y disolución iniciados o finalizados.
Según ha explicado, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, le ha dado instrucciones para que someta al consejo de administración de Canal la definitiva aprobación de la venta de las filiales, proceso para el que se contratará un asesor financiero externo.
Además, Garrido ha avanzado que el Gobierno regional va a elaborar un proyecto de ley para "asegurar" que el Canal siga siendo una empresa cien por cien pública, en la misma línea que dos propuestas presentadas por los grupos de la oposición en la Asamblea (PSOE-M y Podemos, por un lado, y Ciudadanos, por otro).
La intención es eliminar la posibilidad de que entre capital privado en la sociedad anónima Canal de Isabel II, de forma que su capital sea exclusivamente de titularidad pública.
Esta iniciativa mantendrá la existencia de un ente público regulador y de una sociedad anónima operadora, Canal de Isabel II Gestión, en cuyo accionariado están representados la Comunidad de Madrid y 111 municipios de la región.
Cuando se creó la sociedad anónima, en 2012, Esperanza Aguirre estaba al frente del Gobierno regional e Ignacio González (encarcelado tras su detención en la operación Lezo) era el presidente del Canal.
En declaraciones a los medios, la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz-Huerta, ha comentado que Cifuentes ha decidido deshacerse de las empresas del Canal en Latinoamérica únicamente al verse "acorralada por la Justicia" y "gracias a la presión de la oposición".
En el Pleno, la diputada socialista Mercedes Gallizo ha acusado al Gobierno regional de llevar "datos falseados" y "muy inexactos" sobre el Canal a la Asamblea y ha calificado de "asombroso" que "los diputados de la oposición" sepan "mucho más" sobre el Canal que su actual presidente, Ángel Garrido.
En su respuesta, Garrido ha criticado la labor de los grupos de la oposición en la Asamblea respecto al Canal, al describirlo como "un trabajo de Mortadelo y Filemón".
El diputado de Ciudadanos César Zafra ha reprochado a Cifuentes que cuando estaba "en el último escaño tendría que haber levantado la mano" y le ha dicho que no es "una heroína" por mucho que "se ponga camisetas de `khaleesi`".
En representación de Podemos, el diputado Alejandro Sánchez ha declarado que la presunta trama de corrupción en el Canal de Isabel II "no tiene parangón desde el `tamayazo`".
