El juez instructor del caso Nóos, José Castro, pidió a la Agencia Tributaria que informe si tanto la infanta Cristina como su marido, Iñaki Urdangarin, Diego Torres, la mujer de éste, Ana María Tejeiro, y el secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, informaron ante Hacienda, desde 2002 a la actualidad de si disponen de cuentas, valores, rentas o bienes en el extranjero, de acuerdo a la nueva Ley antifraude.
Así lo acordó ayer mediante una providencia, en la que admite la petición de Manos Limpias y reclama a Hacienda que aporte datos sobre si, como consecuencia de la obligatoriedad de presentar el denominado modelo 720 para quienes tengan bienes y derechos en el extranjero, tanto la infanta como los imputados procedieron a identificarlos ante el fisco.
El magistrado también pidió esta diligencia en el caso de los excontables del Instituto Nóos Miguel y Antonio Tejeiro, a fin de conocer si todos ellos efectuaron esta declaración, que se aplica a los contribuyentes con cuentas o bienes en el extranjero a 31 de diciembre de 2012, con sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado.
CAMPS Y BARBERÁ
Asimismo, el juez remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia una exposición razonada de 70 páginas para respaldar la propuesta de que este tribunal asuma la competencia en lo que se refiere al expresidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberà y en el que detalla 'indicios racionales' de que cometieron delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración, al conceder 'a dedo' contratos a Urdangarin por importe de 3,5 millones, 'orillando las normas sobre las contrataciones públicas'.
El magistrado también pidió esta diligencia en el caso de los excontables del Instituto Nóos Miguel y Antonio Tejeiro, a fin de conocer si todos ellos efectuaron esta declaración, que se aplica a los contribuyentes con cuentas o bienes en el extranjero a 31 de diciembre de 2012, con sanciones de hasta el 150% del valor del bien no declarado.
CAMPS Y BARBERÁ
Asimismo, el juez remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia una exposición razonada de 70 páginas para respaldar la propuesta de que este tribunal asuma la competencia en lo que se refiere al expresidente Francisco Camps y la alcaldesa Rita Barberà y en el que detalla 'indicios racionales' de que cometieron delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración, al conceder 'a dedo' contratos a Urdangarin por importe de 3,5 millones, 'orillando las normas sobre las contrataciones públicas'.
