Jues y fiscal, que iniciaron juntos el caso Palma Arena, se enfrentan ahora por el Caso Nóos
El caso Nóos, una de las investigaciones judiciales más trascendentes de la historia de España, es fruto del tesón del fiscal Pedro Horrach y del juez José Castro, que en poco coinciden tanto como en el ímpetu con que sostienen su rivalidad sobre la imputación de la estrella del proceso: Cristina de Borbón. Cuando en 2009 el juez Castro incorporó a su investigación del sobrecoste del velódromo Palma Arena las diligencias que Horrach, pese a las trabas de sus superiores, había abierto respecto al expresidente balear Jaume Matas, se forjó una alianza temible de la que nadie podía sospechar que acabaría en un agrio enfrentamiento.
El magistrado, reforzado por el fiscal Anticorrupción, impulsó la investigación con la que se levantó el caso Palma Arena, una macroinstrucción partida en 27 piezas cuyo culmen fue la apertura en 2010 de un sumario sobre el presunto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos del yerno del entonces rey, Iñaki Urdangarin.
El celo implacable con el que fiscal y juez han perseguido la corrupción hizo que fueran de la mano hasta que toparon con la infanta Cristina. Según Horrach, Castro la ha investigado de manera "inquisitiva" por "ser quien es", y el instructor cree que el acusador público le da un trato deferente por su condición de hija y hermana de rey.
La disputa
Hasta estos términos de desconsideración profesional, que les ha abocado a un distanciamiento personal irreconciliable, ha llegado una disputa técnica que afloró el 3 de abril de 2013, cuando el magistrado citó a la infanta a declarar como imputada, decisión que anuló la Audiencia de Palma un mes después.
Pero con aquella aparente desautorización se delimitó el cuadrilátero para la brega de los antiguos aliados: el tribunal provincial sugería que cabía investigar presuntos delitos fiscales y de blanqueo por parte de doña Cristina, y Castro ahondó en esa vía durante quince meses de exhaustivas investigaciones.
En contra del criterio de Horrach, expresado de forma vehemente en escritos en los que cuestionaba la imparcialidad del instructor, Castro imputó de nuevo a Cristina de Borbón y le tomó declaración el el 8 de febrero de 2014, primer vez en la historia de España en que un hijo del jefe del Estado declaraba ante un juez.
A Castro no le sacó de dudas la declaración de la infanta, que consideró evasiva, y Horrach consolidó su opinión de que no hay con qué acusarla, por lo que la confirmación de la imputación esta semana se ha traducido en una nueva riña dialéctica: el fiscal cuestiona la imparcialidad del instructor y éste le reta a denunciarle por prevaricación.
Paradójicamente, la disputa no la resolverán los contendientes, convertidos respectivamente en héroes por "rupturistas" e "institucionalistas", sino la Audiencia Provincial: los jueces de la sala segunda decidirán si la infanta se sienta en el banquillo con su esposo.
Distintas generaciones
Pertenecientes a generaciones diferentes -Castro nació en Córdoba hace 68 años y Horrach es del municipio mallorquín de Sa Pobla y tiene 47-, ambos son reputados juristas de amplia experiencia sin adscripción a las asociaciones profesionales identificadas con la derecha o la izquierda políticas. Sin embargo, y a su pesar, los dos se han convertido en figuras criticadas o loadas por partidarios y detractores de una imputación que, según la filiación ideológica, se interpreta como un castigo antimonárquico o como una prueba de igualdad ante la ley.
Pero nada de esto tiene que ver con las respectivas trayectorias personales y profesionales. Castro es juez desde 1976 y Horrach fiscal desde 1992. Horrach tiene fama de lograr confesiones de corruptos y Castro no se anda con pamplinas con ningún imputado, independientemente de su condición.
El cordobés vive desde hace años en el Molinar, un barrio antaño marinero de Palma, en una casa que le permite pasear a pie o en bicicleta al borde del mar. Horrach reside en un ático del barrio de Son Espanyolet, en la parte alta de la ciudad.
