El número de reclamaciones que se acumulan en las oficinas del Catrasto de las cuatro provincias gallegas es de 9.019 casos. La provincia de Pontevedra es la que mayor número de reclamaciones tiene pendientes de resolución 3.834, seguida de Ourense con 3.019, A Coruña con 1.520 y Lugo con 646. La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, presentó ayer un informe monográfico sobre el sistema catastral en España referido al período comprendido entre 2005 y 2009 en el que concluye que la falta de personal es uno de los principales problemas para su correcto funcionamiento.
Cava de Llano ha detectado que gran parte de las plazas que quedan vacantes por traslado o por baja de los funcionarios ?alrededor del 9%- no se llegan a cubrir nunca porque la Administración quiere adelgazar su funcionamiento. Sin embargo, la Defensora plantea a las Gerencias del Catastro que sigan el camino inverso, puesto que por un lado ofrecen un peor servicio a los ciudadanos, y por otro el trabajo de estos organismos sirve para establecer la base imponible de varios tributos, que redundan en la financiación pública.
En el informe de la Defensora del Pueblo se han contabilizado en 2009 un total de 91 funcionarios en el Catastro de A Coruña, 42 en el de Lugo, 51 en el de Ourense y 42 en el de Pontevedra. Además, ha contabilizado 8 plazas que están vacantes. Estas deficiencias de personal son las que a juicio de María Luisa Cava de Llano explican las dificultades de atención en las peticiones de información realizadas por los particulares. La misma Defensora se queja en su informe de la imposibilidad de contactar telefónicamente desde su departamento con algunas Gerencias.
Por otro lado, la Defensora recomienda que se vuelquen los esfuerzos en la investigación de la titularidad de 726.156 bienes inmuebles cuyo titular se desconoce, lo que significa que no existe un sujeto que esté tributando por los mismos con el consiguiente perjuicio económico común.
EL RIESGO DE PERDER LA TITULARIDAD
Cava de Llano ha detectado un grave problema con la puesta en marcha de la denominada Sede Electrónica del Catastro. La institución del Defensor del Pueblo considera que se han primado los aspectos técnicos sobre los jurídicos. Ello está creando situaciones de inseguridad jurídica, puesto que la actual configuración de la sede electrónica permite que actos de trámite del procedimiento, adoptados sin ninguna garantía, se conviertan en actos firmes, sin procedimiento que los ampare.
De esta forma, las modificaciones de los datos catastrales aparecen como firmes en la sede electrónica, antes de que finalice el procedimiento para la adopción del acto que da legitimidad a dichos datos por quien tiene la competencia atribuida para ello y de que se notifique a las partes, lo que puede provocar un mal uso.
En el informe de la Defensora del Pueblo se han contabilizado en 2009 un total de 91 funcionarios en el Catastro de A Coruña, 42 en el de Lugo, 51 en el de Ourense y 42 en el de Pontevedra. Además, ha contabilizado 8 plazas que están vacantes. Estas deficiencias de personal son las que a juicio de María Luisa Cava de Llano explican las dificultades de atención en las peticiones de información realizadas por los particulares. La misma Defensora se queja en su informe de la imposibilidad de contactar telefónicamente desde su departamento con algunas Gerencias.
Por otro lado, la Defensora recomienda que se vuelquen los esfuerzos en la investigación de la titularidad de 726.156 bienes inmuebles cuyo titular se desconoce, lo que significa que no existe un sujeto que esté tributando por los mismos con el consiguiente perjuicio económico común.
EL RIESGO DE PERDER LA TITULARIDAD
Cava de Llano ha detectado un grave problema con la puesta en marcha de la denominada Sede Electrónica del Catastro. La institución del Defensor del Pueblo considera que se han primado los aspectos técnicos sobre los jurídicos. Ello está creando situaciones de inseguridad jurídica, puesto que la actual configuración de la sede electrónica permite que actos de trámite del procedimiento, adoptados sin ninguna garantía, se conviertan en actos firmes, sin procedimiento que los ampare.
De esta forma, las modificaciones de los datos catastrales aparecen como firmes en la sede electrónica, antes de que finalice el procedimiento para la adopción del acto que da legitimidad a dichos datos por quien tiene la competencia atribuida para ello y de que se notifique a las partes, lo que puede provocar un mal uso.
