La Comisión Europea (CE) aseguró ayer que cualquier tasa impuesta en la frontera entre Gibraltar y España sería a priori ilegal bajo la legislación comunitaria. 'Puedo confirmar que cualquier tasa o pago impuesto en la frontera de un Estado miembro sería ilegal bajo la legislación de la Unión Europea', señaló el portavoz comunitario Olivier Bailly, sobre la pretendida tasa que el Gobierno español anunció estaba dispuesto a implantar para acceder al Peñón.
Fuentes comunitarias puntualizaron posteriormente que si bien un país no puede cobrar una tasa por la entrada a otro Estado miembro, sí cabría la posibilidad de establecer el cobro de un peaje por el uso de las carreteras que dan acceso a la frontera. En todo caso, el portavoz europeo subrayó que la cuestión es 'hipotética', pues por ahora las autoridades españolas no han tomado ninguna medida.
En España, un portavoz del Gobierno indicó que no se está estudiando establecer una tasa o impuesto en la frontera con Gibraltar, sino que está analizando la introducción de 'una posible tasa por congestión en la Línea de la Concepción', que 'será plenamente compatible con las normas comunitarias'.
La tasa de congestión que el Gobierno está estudiando se basa en el sistema de imposición de 'peajes a los usuarios de una red particular de transportes en los periodos o áreas de demanda máxima para reducir la congestión del tráfico'.
La primera vez que se aplicó un sistema de esta naturaleza por parte de un Estado miembro de la Unión Europea fue en el año 2003 en Londres y después de esta experiencia, que resultó 'positiva', se introdujo en otras ciudadades europeas.
En España, un portavoz del Gobierno indicó que no se está estudiando establecer una tasa o impuesto en la frontera con Gibraltar, sino que está analizando la introducción de 'una posible tasa por congestión en la Línea de la Concepción', que 'será plenamente compatible con las normas comunitarias'.
La tasa de congestión que el Gobierno está estudiando se basa en el sistema de imposición de 'peajes a los usuarios de una red particular de transportes en los periodos o áreas de demanda máxima para reducir la congestión del tráfico'.
La primera vez que se aplicó un sistema de esta naturaleza por parte de un Estado miembro de la Unión Europea fue en el año 2003 en Londres y después de esta experiencia, que resultó 'positiva', se introdujo en otras ciudadades europeas.
