El proyecto de reforma del Código Penal aprobado ayer por el Gobierno establece la nueva pena de prisión permanente revisable contra los asesinatos más graves como los terroristas, da nuevas herramientas para perseguir la corrupción y agrava los delitos de piratería y los incendios forestales.
En su presentación, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, destacó que la reforma situará el texto penal español entre los más 'avanzados' de las democracias del mundo y da respuesta, además, a la preocupación de la sociedad ante las nuevas conductas delictivas.
En algunos casos el Código agrava las penas, como en los incendios forestales y en los delitos de piratería, mientras que en otros se reducen, como en los de inmigración ilegal, por lo que el Gobierno destaca la flexibilidad de la reforma, que no olvida que el fin del reproche penal es la reinserción social.
La 'auténtica transformación' de esta reforma gravita en torno a la prisión permanente revisable, para asesinatos especialmente graves y delitos de terrorismo, de la que Ruiz-Gallardón destacó que su constitucionalidad ha sido avalada por el Consejo de Estado.
La nueva tipificación de los delitos contra el racismo y la xenofobia, en palabras de Gallardón, situará a España entre los países con la 'legislación más avanzada de toda la UE'. También subrayó la nueva protección que se da a las personas con discapacidad así como a las mujeres frente a la violencia de género, con la introducción de nuevos tipos como matrimonio forzado, hostigamiento y acecho.
PROTECCIÓN DE LA MUJER
El Código Penal ahonda en la protección de la mujer mediante la tipificación de la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima y la alteración de los dispositivos telemáticos para medidas cautelares.
El texto hace una revisión técnica de un número importante de delitos, entre los que destacan los previstos para castigar la corrupción. En los delitos de administración desleal y malversación ya no será necesario acreditar el enriquecimiento ilícito del administrador o funcionario que falte al deber que tiene encomendado si, entre otros supuestos, se acredita que ha firmado contratos por un precio desorbitado o por servicios no prestados..
Ruiz-Gallardón destacó que busca mejorar la proporcionalidad de la respuesta penal sin olvidar la finalidad de la reinserción.Gallardón concluye que el nuevo Código Penal era 'absolutamente necesario' y lo incardinó en la reforma global que el Gobierno emprendió en todos los sectores de la administración pública. 'El derecho sustantivo debe adecuar nuestras normas a la realidad de la España del siglo XXI', afirmó el ministro de Justicia.
En algunos casos el Código agrava las penas, como en los incendios forestales y en los delitos de piratería, mientras que en otros se reducen, como en los de inmigración ilegal, por lo que el Gobierno destaca la flexibilidad de la reforma, que no olvida que el fin del reproche penal es la reinserción social.
La 'auténtica transformación' de esta reforma gravita en torno a la prisión permanente revisable, para asesinatos especialmente graves y delitos de terrorismo, de la que Ruiz-Gallardón destacó que su constitucionalidad ha sido avalada por el Consejo de Estado.
La nueva tipificación de los delitos contra el racismo y la xenofobia, en palabras de Gallardón, situará a España entre los países con la 'legislación más avanzada de toda la UE'. También subrayó la nueva protección que se da a las personas con discapacidad así como a las mujeres frente a la violencia de género, con la introducción de nuevos tipos como matrimonio forzado, hostigamiento y acecho.
PROTECCIÓN DE LA MUJER
El Código Penal ahonda en la protección de la mujer mediante la tipificación de la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima y la alteración de los dispositivos telemáticos para medidas cautelares.
El texto hace una revisión técnica de un número importante de delitos, entre los que destacan los previstos para castigar la corrupción. En los delitos de administración desleal y malversación ya no será necesario acreditar el enriquecimiento ilícito del administrador o funcionario que falte al deber que tiene encomendado si, entre otros supuestos, se acredita que ha firmado contratos por un precio desorbitado o por servicios no prestados..
Ruiz-Gallardón destacó que busca mejorar la proporcionalidad de la respuesta penal sin olvidar la finalidad de la reinserción.Gallardón concluye que el nuevo Código Penal era 'absolutamente necesario' y lo incardinó en la reforma global que el Gobierno emprendió en todos los sectores de la administración pública. 'El derecho sustantivo debe adecuar nuestras normas a la realidad de la España del siglo XXI', afirmó el ministro de Justicia.
