El alto tribunal reclama que cumpla con su condena y entregue el acta
El Tribunal Supremo pidió al Congreso que le remita el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la pena de inhabilitación impuesta al diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez para así realizar la liquidación de su condena, justo un día después de que la Cámara acordara mantener su escaño. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dirigió un oficio a la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, para que remita al alto tribunal dicho informe, en un gesto que mantiene el pulso entre ambas instituciones a la hora de ejecutar la pena, que la Mesa del Congreso interpreta de forma diferente a la resolución condenatoria del alto tribunal.
El tribunal condenó al parlamentario de Podemos a un mes y 15 días de prisión, sustituido por multa de 540 euros, por un delito de atentado a agentes de la autoridad, con la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo. Precisamente esta petición llega después de que la Mesa del Congreso considerase adecuado el informe de los letrados que mantiene que Alberto Rodríguez debe mantener su acta y su escaño tras haber abonado la multa de 540 euros que le impuso el Supremo.
El informe de los letrados argumenta que una pena privativa de libertad sí hubiera sido “determinante de la causa de inelegibilidad”, pero al haber optado por una pena sustituta “no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado”. Según los letrados del Congreso, la condición de diputado de Rodríguez no queda afectada porque no concurre “ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Loreg”, ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición. Tanto el PP como Cs y Vox urgieron a la JEC que emita un informe diferente al de la Mesa y reconsidere la retirada del acta al diputado Alberto Rodríguez.
La portavoz del PP, Cuca Gamarra, urgió a la Mesa del Congreso a rectificar su decisión, mientras que el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, lo calificó de “vergüenza”. Ciudadanos dirigió un escrito a la JEC para que pida a la Mesa del Congreso que aplique el artículo 6.3 de la Loreg sobre “inelegibilidad sobrevenida” y retire el acta al diputado de Podemos. Desde Vox, Macarena Olona insistió en arremeter contra la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y en tachar de “auténtica cacicada” lo que hizo anteayer la Mesa.
La decisión de la Mesa del Congreso, que salió adelante con el apoyo de PSOE y Podemos, fue censurada por los partidos de centro y de derechas, críticas que continuaron ayer después de que el Supremo pidiese a la Cámara que se le remita el informe sobre la fecha de inicio de cumplimiento de la inhabilitación impuesta al diputado morado para así realizar la liquidación de su condena. De momento, según fuentes parlamentarias no se produjo ninguna respuesta por parte de la Mesa a los requerimientos del tribunal.
