El consejero propuesto por CC.OO dimite después de haberse abstenido en la votación sobre el acceso al guión de Informativos
Esta vez, hubo unanimidad. El Consejo de Administración de RTVE rectificó este viernes la decisión que había tomado dos días antes, que le permitía el acceso al sistema iNews, en el que los trabajadores de la corporación elaboran y editan sus informaciones. En la última cita, Héctor Maravall, consejero propuesto por CC.OO, presentó su dimisión. Éste se había abstenido en la votación de este miércoles, al igual que los designados por PSOE y ERC. Los de PP y CiU habían apoyado la idea y los de IU y UGT se posicionaron en contra desde el principio.
'Nunca fue voluntad de los consejeros que votaron a favor de la medida [PP y CiU], ni de los que con su abstención posibilitaron indirectamente su aprobación [PSOE y ERC], interferir en la labor de los trabajadores de Informativos ni, mucho menos, condicionar su independencia profesional'. Lo afirmaron los miembros de la cúpula de gestión de RTVE, este viernes, a través de un comunicado.
Los consejeros anunciaron la rectificación, por unanimidad. Fue sólo dos días después de que aprobasen la medida que les permitía el acceso al sistema iNews, el programa que se utiliza para hacer el guión de los telediarios. En cuanto se dio a conocer, la opinión pública se les echó encima. Internautas, periodistas y políticos lo entendieron como una vía a la censura previa y como una manera de condicionar la independencia y la pluralidad de la plantilla.
Ahora, los miembros del Consejo afirman que no pretendían 'perjudicar la neutralidad de los informativos de TVE, de la que el propio Consejo es el primer garante, no sólo por mandato legal, sino también por propio convencimiento'. El órgano sólo quería acceder al sistema 'para consulta' y para 'facilitar el ejercicio'.
El comunicado de este viernes reitera que la cúpula de gestión actúa con 'el máximo compromiso con la neutralidad y el pluralismo informativos y con el más escrupuloso respeto a la independencia profesional de los trabajadores de la corporación, que seguirá defendiendo e impulsando como ha hecho hasta ahora'. Los integrantes afirmaron que lamentan 'profundamente el malestar ocasionado'.
En la reunión en la que los miembros acordaron la rectificación, Héctor Maravall dimitió. Se lo había comunicado a Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC.OO, a primera hora de la mañana. El motivo de esta decisión 'irrevocable' era disipar 'cualquier duda' sobre la 'posición institucional' del sindicato, 'que no es otra que la de garantizar la titularidad pública y la independencia' de RTVE.
Comisiones Obreras cree que el camino que tomó Maravall 'es un gesto de coherencia y honradez que ha de servir de ejemplo a cuantas personas tienen responsabilidad en lo sucedido'. Además, la organización defendió la 'amplia y dilatada trayectoria de lucha por la libertad y los derechos de los trabajadores y por un servicio público de radiodifusión' de su consejero.
Un comunicado sindical también pide a las fuerzas políticas que no conviertan los problemas derivados de la votación del miércoles en 'objeto de improvisación y provisionalidad'. Además, reclama que 'sean capaces de lograr una estructura institucional y un método de funcionamiento del Consejo que contribuya a la estabilidad presente y futura de la corporación'.
Después de la dimisión de Maragall, el órgano se queda con diez integrantes (cuatro propuestos por el PP, dos por el PSOE, uno por CiU, uno por ERC, uno por UGT y otro por CC.OO), aunque la Ley de Radiotelevisión pública estatal establece que sean 12. Seis de los vocales deberían haber abandonado la corporación en enero de 2010, pero los partidos políticos no han logrado llegar a un acuerdo para su cambio.
De hecho, el órgano lleva sin presidente desde julio, cuando Alberto Oliart dimitió, pero la falta de consenso ha impedido que se designase a otro. La Ley de la Radiotelevisión pública estatal exige que los miembros del consejo sean elegidos con el apoyo de dos tercios del Parlamento.
EL GOBIERNO DEJA LAS DECISIONES EN MANOS DEL CONSEJO
El Gobierno reconoce que lo de este miércoles fue 'una equivocación grave'. Sin embargo, dejará que cada consejero tome las decisiones 'que considere oportunas' porque piensa que debe ser 'coherente con la independencia de un órgano que nace del Parlamento', afirmó José Blanco, responsable de Fomento.
A su juicio, 'en una situación de normalidad', con un presidente en el Consejo de Administración, 'estas situaciones no se habrían producido'. Al Ejecutivo le habría gustado 'alcanzar un acuerdo de renovación' de los seis consejeros y del presidente. Blanco dijo que también habría querido consensuar las renovaciones en otros órganos como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.
Cayo Lara, coordinador federal y candidato a las elecciones generales de IU, cree que los miembros del Consejo de Administración que votaron a favor o se abstuvieron deberían poner su cargo a disposición de aquéllos a los que representan. En su opinión, la decisión que tomaron los ha desautorizado, 'tanto ante los profesionales de los medios como ante la propia sociedad española'.
El izquierdista mantuvo que 'hay elementos de derechos fundamentales de los ciudadanos y que tienen que ver con la democracia con los que no se puede ceder y con los que no se puede ser indiferentes'. En su opinión, en este caso, 'los indiferentes también han sido responsables'.
Lara cree que, detrás de la votación, había una decisión política de los dos grandes grupos, para 'controlar a los profesionales de los medios de comunicación para, de alguna forma, incidir sobre la línea política de una u otra organización'. 'A todas las organizaciones sociales y políticas nos gusta que se nos dé el mejor tratamiento posible a través de los medios de comunicación, pero eso tiene límites', sentenció.
UTECA PROPONE UN CANAL NACIONAL COMÚN
También este viernes, José Miguel Contreras, presidente de Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), asociación que representa a las cadenas privadas, propuso que se cree un canal nacional común en el que se unan todas los canales autonómicos públicos. Es 'una fórmula para reducir costes y que no pretende que se pierda la identidad ni el modelo de promoción de las televisiones públicas autonómicas'.
De hecho, el directivo aseguró que no busca 'ni polémicas ni el cierre de las cadenas públicas autonómicas'. Cada canal autonómico podría aportar a este canal común lo que quisiera, en español y sin publicidad. La intención es buscar un modelo similar al alemán (un operador nacional y uno regional común a los 'länders') o al británico, para aprovechar el espacio radioeléctrico, 'que en España es un jaleo'.
Se trataría de 'un modelo flexible' que se emitiría en el múltiplex de TVE para desconexiones territoriales, por lo que el ente público estatal también colaboraría. Contreras afirmó que los pilares de la propuesta son 'el impulso del aprovechamiento de los recursos de producción usando el incremento de la programación de producción propia y la reducción de costes en transmisión de señal, así como la optimización de los recursos'.
'Nunca fue voluntad de los consejeros que votaron a favor de la medida [PP y CiU], ni de los que con su abstención posibilitaron indirectamente su aprobación [PSOE y ERC], interferir en la labor de los trabajadores de Informativos ni, mucho menos, condicionar su independencia profesional'. Lo afirmaron los miembros de la cúpula de gestión de RTVE, este viernes, a través de un comunicado.
Los consejeros anunciaron la rectificación, por unanimidad. Fue sólo dos días después de que aprobasen la medida que les permitía el acceso al sistema iNews, el programa que se utiliza para hacer el guión de los telediarios. En cuanto se dio a conocer, la opinión pública se les echó encima. Internautas, periodistas y políticos lo entendieron como una vía a la censura previa y como una manera de condicionar la independencia y la pluralidad de la plantilla.
Ahora, los miembros del Consejo afirman que no pretendían 'perjudicar la neutralidad de los informativos de TVE, de la que el propio Consejo es el primer garante, no sólo por mandato legal, sino también por propio convencimiento'. El órgano sólo quería acceder al sistema 'para consulta' y para 'facilitar el ejercicio'.
El comunicado de este viernes reitera que la cúpula de gestión actúa con 'el máximo compromiso con la neutralidad y el pluralismo informativos y con el más escrupuloso respeto a la independencia profesional de los trabajadores de la corporación, que seguirá defendiendo e impulsando como ha hecho hasta ahora'. Los integrantes afirmaron que lamentan 'profundamente el malestar ocasionado'.
En la reunión en la que los miembros acordaron la rectificación, Héctor Maravall dimitió. Se lo había comunicado a Ignacio Fernández Toxo, secretario general de CC.OO, a primera hora de la mañana. El motivo de esta decisión 'irrevocable' era disipar 'cualquier duda' sobre la 'posición institucional' del sindicato, 'que no es otra que la de garantizar la titularidad pública y la independencia' de RTVE.
Comisiones Obreras cree que el camino que tomó Maravall 'es un gesto de coherencia y honradez que ha de servir de ejemplo a cuantas personas tienen responsabilidad en lo sucedido'. Además, la organización defendió la 'amplia y dilatada trayectoria de lucha por la libertad y los derechos de los trabajadores y por un servicio público de radiodifusión' de su consejero.
Un comunicado sindical también pide a las fuerzas políticas que no conviertan los problemas derivados de la votación del miércoles en 'objeto de improvisación y provisionalidad'. Además, reclama que 'sean capaces de lograr una estructura institucional y un método de funcionamiento del Consejo que contribuya a la estabilidad presente y futura de la corporación'.
Después de la dimisión de Maragall, el órgano se queda con diez integrantes (cuatro propuestos por el PP, dos por el PSOE, uno por CiU, uno por ERC, uno por UGT y otro por CC.OO), aunque la Ley de Radiotelevisión pública estatal establece que sean 12. Seis de los vocales deberían haber abandonado la corporación en enero de 2010, pero los partidos políticos no han logrado llegar a un acuerdo para su cambio.
De hecho, el órgano lleva sin presidente desde julio, cuando Alberto Oliart dimitió, pero la falta de consenso ha impedido que se designase a otro. La Ley de la Radiotelevisión pública estatal exige que los miembros del consejo sean elegidos con el apoyo de dos tercios del Parlamento.
EL GOBIERNO DEJA LAS DECISIONES EN MANOS DEL CONSEJO
El Gobierno reconoce que lo de este miércoles fue 'una equivocación grave'. Sin embargo, dejará que cada consejero tome las decisiones 'que considere oportunas' porque piensa que debe ser 'coherente con la independencia de un órgano que nace del Parlamento', afirmó José Blanco, responsable de Fomento.
A su juicio, 'en una situación de normalidad', con un presidente en el Consejo de Administración, 'estas situaciones no se habrían producido'. Al Ejecutivo le habría gustado 'alcanzar un acuerdo de renovación' de los seis consejeros y del presidente. Blanco dijo que también habría querido consensuar las renovaciones en otros órganos como el Tribunal Constitucional (TC), el Defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas.
Cayo Lara, coordinador federal y candidato a las elecciones generales de IU, cree que los miembros del Consejo de Administración que votaron a favor o se abstuvieron deberían poner su cargo a disposición de aquéllos a los que representan. En su opinión, la decisión que tomaron los ha desautorizado, 'tanto ante los profesionales de los medios como ante la propia sociedad española'.
El izquierdista mantuvo que 'hay elementos de derechos fundamentales de los ciudadanos y que tienen que ver con la democracia con los que no se puede ceder y con los que no se puede ser indiferentes'. En su opinión, en este caso, 'los indiferentes también han sido responsables'.
Lara cree que, detrás de la votación, había una decisión política de los dos grandes grupos, para 'controlar a los profesionales de los medios de comunicación para, de alguna forma, incidir sobre la línea política de una u otra organización'. 'A todas las organizaciones sociales y políticas nos gusta que se nos dé el mejor tratamiento posible a través de los medios de comunicación, pero eso tiene límites', sentenció.
UTECA PROPONE UN CANAL NACIONAL COMÚN
También este viernes, José Miguel Contreras, presidente de Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), asociación que representa a las cadenas privadas, propuso que se cree un canal nacional común en el que se unan todas los canales autonómicos públicos. Es 'una fórmula para reducir costes y que no pretende que se pierda la identidad ni el modelo de promoción de las televisiones públicas autonómicas'.
De hecho, el directivo aseguró que no busca 'ni polémicas ni el cierre de las cadenas públicas autonómicas'. Cada canal autonómico podría aportar a este canal común lo que quisiera, en español y sin publicidad. La intención es buscar un modelo similar al alemán (un operador nacional y uno regional común a los 'länders') o al británico, para aprovechar el espacio radioeléctrico, 'que en España es un jaleo'.
Se trataría de 'un modelo flexible' que se emitiría en el múltiplex de TVE para desconexiones territoriales, por lo que el ente público estatal también colaboraría. Contreras afirmó que los pilares de la propuesta son 'el impulso del aprovechamiento de los recursos de producción usando el incremento de la programación de producción propia y la reducción de costes en transmisión de señal, así como la optimización de los recursos'.
