Casi cuatro años después de que el PP interpusiera el primer recurso contra el Estatuto de Cataluña y tras cerca de dos años y medio de deliberaciones sobre el fondo del asunto, el pleno del Tribunal Constitucional se reúne hoy para votar contrarreloj el séptimo borrador de sentencia. Se trata del último intento de notificar la resolución antes de que comience la precampaña de los comicios catalanes previstos para el próximo otoño, para respetar así la costumbre -una auténtica 'ley no escrita'- que establece que el Constitucional nunca se pronuncia en período electoral sobre temas polémicos.
La presidenta del tribunal, María Emilia Casas, convocó el pasado jueves el pleno para hoy y los días sucesivos, pero veinticuatro horas después se modificó el orden del día para incluir el examen de los recursos de la Generalitat contra la decisión de no inhibirse en el asunto del Estatut y de confirmar la exclusión de los debates del magistrado progresista Pablo Pérez Tremps. Esta circunstancia, según las fuentes consultadas en el tribunal, podría suponer que el pleno no empiece a estudiar de inmediato el texto en el que Casas ha estado trabajando casi un mes, desde que el pasado 19 de mayo asumiera la ponencia hasta que el pasado miércoles entregara el texto a sus compañeros.
Éste es muy similar al último de los cinco que la primera ponente de la resolución sobre el Estatut, la progresista Elisa Pérez Vera, presentó al pleno, y que fue rechazado por seis votos a cuatro el pasado 16 de abril. Ese borrador anulaba una quincena de artículos del Estatut -entre ellos algunos de los referidos a la lengua, el Poder Judicial en Cataluña y las competencias del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán)-.
Éste es muy similar al último de los cinco que la primera ponente de la resolución sobre el Estatut, la progresista Elisa Pérez Vera, presentó al pleno, y que fue rechazado por seis votos a cuatro el pasado 16 de abril. Ese borrador anulaba una quincena de artículos del Estatut -entre ellos algunos de los referidos a la lengua, el Poder Judicial en Cataluña y las competencias del Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo catalán)-.
