La suspensión de los desahucios durante los próximos dos años entró en vigor ayer con la publicación del decreto ley en el BOE, aunque son muchas las voces que ponen en duda su efectividad debido a los requisitos que deben cumplir los beneficiarios y reclaman cambios legales más profundos.
Desde el ámbito de la justicia, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) apludió la medida, pero la considera 'claramente insuficiente' para solventar la situación actual y reclama medidas 'bastante más contundentes', como posibles quitas de la deuda, una reforma de las cláusulas de las hipotecas y mayor control y limitación de los tipos de interés en la mora.
Jueces para la Democracia (JpD) también ve insuficiente el decreto y critica que el Gobierno apueste en él por 'medidas testimoniales y no por cambios estructurales'. Su portavoz, Joaquim Bosch, vaticina que la nueva normativa tendrá 'un alcance levísimo' ya que los supuestos incluidos no contemplan a la gran mayoría de familias afectadas.
El Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej), dijo que 'estamos ante un cambio legal muy parcial y una mera operación de maquillaje, ya que no tiene efectos retroactivos para las personas ya desahuciadas'. Además, recordó el sindicato, sólo paraliza los lanzamientos y no el procedimiento, lo que implica que van a seguir celebrándose subastas de inmuebles y cobrándose intereses de demora, aunque confía en que en el trámite parlamentario haya 'voluntad real' para abordar el problema.
REFORMAR LA LEY
Asimismo, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, considera que el decreto ley con medidas urgentes para paliar los desahucios supone 'un primer paso', aunque resaltó que es necesario reformar la ley hipotecaria, que data de 1909, 'para adaptarla al principio constitucional de que España es un estado social, democrático y de derecho'.
Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) criticó por 'insuficientes' las nuevas medidas al considerar que dejan fuera a un buen número de ciudadanos sobre los que seguirá pesando la posibilidad de ser desalojados. A través de un comunicado, CECU destacó que 'hace falta, de forma inexcusable', una modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dé a los jueces mayores facultades para analizar y atemperar su aplicación en función de las circunstancias familiares, sociales y económicas de los afectados.
También, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, valoró los avances de estas medidas y especialmente la declaración de la Exposición de Motivos sobre la necesidad de reformar más en profundidad el marco jurídico.
En el mismo sentido se pronunció el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que pidió buscar medidas definitivas y pidió el mayor consenso de los partidos.
Por el contrario, la asociación de consumidores, Facua dijo que es una 'pantomima' del Gobierno para 'aparentar' que le preocupan los desahucios y criticó que las medidas no dan respuesta a las familias que han actuado de buena fe y tienen una necesidad real por una situación sobrevenida.
Jueces para la Democracia (JpD) también ve insuficiente el decreto y critica que el Gobierno apueste en él por 'medidas testimoniales y no por cambios estructurales'. Su portavoz, Joaquim Bosch, vaticina que la nueva normativa tendrá 'un alcance levísimo' ya que los supuestos incluidos no contemplan a la gran mayoría de familias afectadas.
El Sindicato de Secretarios Judiciales (Sisej), dijo que 'estamos ante un cambio legal muy parcial y una mera operación de maquillaje, ya que no tiene efectos retroactivos para las personas ya desahuciadas'. Además, recordó el sindicato, sólo paraliza los lanzamientos y no el procedimiento, lo que implica que van a seguir celebrándose subastas de inmuebles y cobrándose intereses de demora, aunque confía en que en el trámite parlamentario haya 'voluntad real' para abordar el problema.
REFORMAR LA LEY
Asimismo, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, considera que el decreto ley con medidas urgentes para paliar los desahucios supone 'un primer paso', aunque resaltó que es necesario reformar la ley hipotecaria, que data de 1909, 'para adaptarla al principio constitucional de que España es un estado social, democrático y de derecho'.
Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) criticó por 'insuficientes' las nuevas medidas al considerar que dejan fuera a un buen número de ciudadanos sobre los que seguirá pesando la posibilidad de ser desalojados. A través de un comunicado, CECU destacó que 'hace falta, de forma inexcusable', una modificación de la Ley Hipotecaria y de la Ley de Enjuiciamiento Civil que dé a los jueces mayores facultades para analizar y atemperar su aplicación en función de las circunstancias familiares, sociales y económicas de los afectados.
También, la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, valoró los avances de estas medidas y especialmente la declaración de la Exposición de Motivos sobre la necesidad de reformar más en profundidad el marco jurídico.
En el mismo sentido se pronunció el obispo de Bilbao, Mario Iceta, que pidió buscar medidas definitivas y pidió el mayor consenso de los partidos.
Por el contrario, la asociación de consumidores, Facua dijo que es una 'pantomima' del Gobierno para 'aparentar' que le preocupan los desahucios y criticó que las medidas no dan respuesta a las familias que han actuado de buena fe y tienen una necesidad real por una situación sobrevenida.
