Las 22 familias sevillanas desalojadas de la corrala La Utopía han rechazado las propuestas que baraja el Gobierno municipal de realojo en el albergue de transeúntes.
Con cara de cansancio y actitud de indignación, parte de los afectados de esta corrala sevillana siguen montando guardia ante las puertas del consistorio hispalense esperando una solución, esperando su realojo en viviendas públicas que de momento no ha llegado, pese a los meses de negociación entre las administraciones y el Defensor del Pueblo, cuyo resultado les ha hecho "plantarse" ante el edificio municipal.
Pancartas, sacos de dormir, colchonetas y bolsas de comida que "solidariamente" van proporcionando los vecinos (uno de ellos ha donado 50 euros para el desayuno) rodean a este grupo de vecinos acampados que han pasado hoy su primera noche bajo el cielo sevillano.
Con el evidente rostro de haber dormido poco, los afectados se veían sorprendidos esta mañana por la constante presencia de ciudadanos curiosos que preguntaban por su problema pero, sobre todo, por los numerosos periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión que no ha parado de hacer preguntas y de interesarse por un colectivo en "riesgo" de exclusión social.
Desde que el domingo por la mañana salieron de los pisos que ocuparon hace unos dos años en un edificio propiedad de Ibercaja, las 22 familias afectadas (con más de una quincena de menores) prometieron "luchar en la calle".
Esta actitud y el convencimiento de que "sí se puede" les llevó a un intento sin éxito de encierro en la catedral, a una manifestación frente al Ayuntamiento, a la posterior acampada y a varias caceloradas que han resonado en la Plaza Nueva, donde se ubica el consistorio.
"La corrala sigue viva", "La corrala no se rinde ni en la calle", suscriben las pancartas que pueden verse en este campamento improvisado que está a escasos metros de la carrera oficial por la que el próximo domingo pasará la primera procesión de la Semana Santa de Sevilla.
La historia se remonta a lo que sus promotores llaman como dos años de "resistencia", a mayo de 2012 cuando 36 familias ocupan un edificio cerrado del Polígono Norte propiedad de Ibercaja.
En junio de 2013, la entidad bancaria y los vecinos negocian una alternativa, entre ellas un alquiler social, pero las negociaciones no prosperan. Meses después, Ibercaja abandona la mesa de negociación promovida por el Defensor del Pueblo Andaluz y es en febrero pasado cuando la juez da la orden desalojo.
Aún así, la orden se dilata y el mes pasado Junta y Ayuntamiento crean una comisión para buscar alternativas a estas familias que fueron desalojadas ayer en mitad de las negociaciones para su reubicación.
