La Junta de Andalucía detectó 32 nuevos casos de supuestas irregularidades en expedientes de regulación de empleo (ERE), que calificó de 'nuevas discordancias', lo que eleva los casos de supuestos prejubilados falsos a un total de 70 personas.
Los datos fueron aportados ayer durante una interpelación en el pleno del Parlamento por el consejero de Empleo, Manuel Recio, que expuso que la investigación interna de su departamento analizó 1.569 trabajadores en 35 empresas, de las cuales se evidenciaron que 1.499 presentan una situación 'clara' y 70 (los 32 nuevos y los 38 ya conocidos) una situación de 'presunta discordancia', lo que cuantificó en el 0,04 por ciento.
Las conclusiones de esta investigación fueron remitidas al juzgado número 6 de Sevilla que investiga el caso Mercasevilla, el origen de estas irregularidades En la investigación, la Junta cotejó datos de los expedientes de regulación aún en vigor y ya remitió un primer análisis de las ayudas a empresas que se realizó con cargo a la partida que contó con 647 millones durante los últimos diez años.
Recio precisó que se trata de 130 ayudas por un montante de casi 87 millones, de las que 13 ayudas fueron a los ayuntamientos por un valor de 3,3 millones, al tiempo que reiteró que la finalidad de estas ayudas fue 'la adecuada'. El objetivo de las ayudas fue apoyar el mantenimiento y la creación de empleo, según Recio, que defendió la 'honorabilidad' de las empresas ante estas ayudas. 'Lo mejor para terminar con todas esas sospechas es mandarlo todo a los tribunales y que sean ellos los que certifiquen la legalidad y si existió anomalía e irregularidades', sostuvo.
Las conclusiones de esta investigación fueron remitidas al juzgado número 6 de Sevilla que investiga el caso Mercasevilla, el origen de estas irregularidades En la investigación, la Junta cotejó datos de los expedientes de regulación aún en vigor y ya remitió un primer análisis de las ayudas a empresas que se realizó con cargo a la partida que contó con 647 millones durante los últimos diez años.
Recio precisó que se trata de 130 ayudas por un montante de casi 87 millones, de las que 13 ayudas fueron a los ayuntamientos por un valor de 3,3 millones, al tiempo que reiteró que la finalidad de estas ayudas fue 'la adecuada'. El objetivo de las ayudas fue apoyar el mantenimiento y la creación de empleo, según Recio, que defendió la 'honorabilidad' de las empresas ante estas ayudas. 'Lo mejor para terminar con todas esas sospechas es mandarlo todo a los tribunales y que sean ellos los que certifiquen la legalidad y si existió anomalía e irregularidades', sostuvo.
