España se ha personado en la causa penal que se sigue en Francia por el asesinato a manos de ETA de los guardias civiles Fernando Trapero y Raúl Centeno el 1 de diciembre de 2007 en la localidad gala de Capbreton y, para ello, ha contratado a un prestigioso ex senador y abogado francés, quien ejercerá la representación de los intereses del Estado español y de las familias de las víctimas, según informaron fuentes cercanas a la causa.
El elegido para esta labor ha sido un prestigioso representante de la política y la justicia francesa, Henri de Richemont. Nacido el 6 de diciembre de 1946, es abogado de profesión y miembro del partido Unión por un Movimiento Popular (UMP) del presidente Nicolás Sarkozy persona a la que es próximo, según las fuentes consultadas. Como integrante de esta formación, De Richemont fue elegido diputado por la región de Charente entre 1993 y 1997 y posteriormente senador por la misma circunscripción entre 1998 y septiembre de 2008.
La designación de este abogado ha correspondido a la Abogacía de Estado, quien destacó su perfil entre un listado de candidatos. No obstante, en los trámites para esta personación sin precedentes contribuyen los ministerios de Justicia, Interior y Exteriores.
Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, fue el pasado 15 de septiembre cuando la Subdirección General de los Servicios Contenciosos, dependiente del Departamento que dirige Francisco Caamaño, confirmaba 'la designación de abogado y, en caso de ser necesario, procurador, que represente y defienda al Reino de España, como actor civil, en el proceso penal que se sigue en la República francesa, ante el Tribunal de Gran Instancia de París'.
En concreto, según detalla este mismo escrito, la función de De Richemont irá encaminada a la 'recuperación de las ayudas concedidas por la Administración del Estado a los familiares de las víctimas del atentado terrorista perpetrado por ETA en la localidad francesa de Capbreton en el que resultaron muertos los guardias civiles Raúl Centeno García y Fernando Trapero Blázquez, así como, en su caso, por los daños causados al coche en el que viajaban propiedad de la Administración del Estado'.
GESTIONES DE JUSTICIA, INTERIOR Y EXTRERIORES
En esta comunicación, dirigida al Director General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, además de detallar la identidad del abogado francés, se indicaba además el inicio de las gestiones entre los Departamentos de Interior y Exteriores 'a fin de establecer el mecanismo de pago de los honorarios del abogado'.
En otro documento fechado el mismo día 15 de septiembre es el propio Rodríguez Uribes quien se pone en contacto con Henri de Richemon para indicarle los datos del proceso que se sigue en el tribunal de Apelación de París el que debía realizar la personación para la defensa de los intereses del Estado español y el ejercicio de 'la acusación y cuantas acciones civiles resulten procedentes en el proceso'.
Además, se le solicitaba cursar información periódica sobre el desarrollo de las actuaciones y mantener 'la coordinación necesaria con la Abogacía General del Estado para cuantas cuestiones jurídicas o de otra índole se susciten en este asunto'. Henri de Richemont se coordinará también con el abogado particular que han contratado las familias de Raúl Centeno y Fernando Trapero, quienes ya han sido informadas de esta decisión tomada por el Gobierno.
Se trata de la primera vez que España participa en una causa penal por terrorismo en el extranjero y las fuentes consultadas no ocultaron su deseo de que esta iniciativa sirva para abrir un nuevo camino en la fructífera colaboración antiterrorista con Francia. Según estas fuentes, la personación de España cuenta ya con el visto bueno de la jueza antiterrorista francesa Laurence Le Vert, quien dirige la investigación.
PRECEDENTE DEL ODESSEY
Para esta decisión pionera dentro del ámbito del terrorismo han servido como precedentes otras causas en el extranjero en las que España ya se encuentra personada para defender sus intereses. Un ejemplo de la viabilidad de esta medida es el contencioso entre España y la compañía 'cazatesoros' estadounidense Odessey que se sigue actualmente en un juzgado de Tampa (Florida).
Los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero fueron asesinados por miembros de la banda terrorista ETA cuando se encontraban en el interior de su vehículo a la salida de una cafetería de la localidad francesa de Capbreton el 1 de diciembre de 2007. Hasta el momento en la causa están imputados los etarras Asier Bengoa López de Armentia y Saioa Sánchez.
Además se investiga la posible participación en este doble asesinato del ex jefe de los comandos de ETA, Garikoitz Azpiazu Rubina, alias 'Txeroki' a partir de la declaración de los terroristas, Aurken Sola y Xabier Rey, dos miembros del comando 'Hego Haizea' de ETA desarticulado el 28 de octubre de 2008. Tras su detención, estos dos terroristas aseguraron haber acudido a Francia a recibir un cursillo sobre uso de explosivos con 'Txeroki' y que éste les confesó haber participado en el asesinato de los dos guardias civiles.
Precisamente, el pasado 4 de noviembre, la Audiencia Nacional ordenó al juez Santiago Pedraz que reabra la causa por los mismos hechos que se sigue en España a la espera de que Francia remita las pruebas que implicarían en estos crímenes al ex jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'.
Así consta en un auto dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal mediante el que se admite el recurso de apelación presentado por las familias de los agentes asesinados y se revoca el archivo de la causa acordado en septiembre pasado en 'tanto se materialice la incorporación al procedimiento de la diligencia interesada o se produzca alguna circunstancia que lo imposibilite u otra de similar tenor'.
En esa fecha Pedraz libró, a petición de la Fiscalía, una comisión rogatoria internacional a las autoridades francesas con el fin de que le remitieran copia testimoniada de las pruebas periciales que ponían de manifiesto 'la aparición de las huellas digitales y el ADN' de 'Txeroki' en el vehículo Peugeot 307 que los asesinos utilizaron el 1 de diciembre de 2007 para huir de la cafetería en la que se produjo el atentado.
La designación de este abogado ha correspondido a la Abogacía de Estado, quien destacó su perfil entre un listado de candidatos. No obstante, en los trámites para esta personación sin precedentes contribuyen los ministerios de Justicia, Interior y Exteriores.
Según los documentos a los que ha tenido acceso Europa Press, fue el pasado 15 de septiembre cuando la Subdirección General de los Servicios Contenciosos, dependiente del Departamento que dirige Francisco Caamaño, confirmaba 'la designación de abogado y, en caso de ser necesario, procurador, que represente y defienda al Reino de España, como actor civil, en el proceso penal que se sigue en la República francesa, ante el Tribunal de Gran Instancia de París'.
En concreto, según detalla este mismo escrito, la función de De Richemont irá encaminada a la 'recuperación de las ayudas concedidas por la Administración del Estado a los familiares de las víctimas del atentado terrorista perpetrado por ETA en la localidad francesa de Capbreton en el que resultaron muertos los guardias civiles Raúl Centeno García y Fernando Trapero Blázquez, así como, en su caso, por los daños causados al coche en el que viajaban propiedad de la Administración del Estado'.
GESTIONES DE JUSTICIA, INTERIOR Y EXTRERIORES
En esta comunicación, dirigida al Director General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, José Manuel Rodríguez Uribes, además de detallar la identidad del abogado francés, se indicaba además el inicio de las gestiones entre los Departamentos de Interior y Exteriores 'a fin de establecer el mecanismo de pago de los honorarios del abogado'.
En otro documento fechado el mismo día 15 de septiembre es el propio Rodríguez Uribes quien se pone en contacto con Henri de Richemon para indicarle los datos del proceso que se sigue en el tribunal de Apelación de París el que debía realizar la personación para la defensa de los intereses del Estado español y el ejercicio de 'la acusación y cuantas acciones civiles resulten procedentes en el proceso'.
Además, se le solicitaba cursar información periódica sobre el desarrollo de las actuaciones y mantener 'la coordinación necesaria con la Abogacía General del Estado para cuantas cuestiones jurídicas o de otra índole se susciten en este asunto'. Henri de Richemont se coordinará también con el abogado particular que han contratado las familias de Raúl Centeno y Fernando Trapero, quienes ya han sido informadas de esta decisión tomada por el Gobierno.
Se trata de la primera vez que España participa en una causa penal por terrorismo en el extranjero y las fuentes consultadas no ocultaron su deseo de que esta iniciativa sirva para abrir un nuevo camino en la fructífera colaboración antiterrorista con Francia. Según estas fuentes, la personación de España cuenta ya con el visto bueno de la jueza antiterrorista francesa Laurence Le Vert, quien dirige la investigación.
PRECEDENTE DEL ODESSEY
Para esta decisión pionera dentro del ámbito del terrorismo han servido como precedentes otras causas en el extranjero en las que España ya se encuentra personada para defender sus intereses. Un ejemplo de la viabilidad de esta medida es el contencioso entre España y la compañía 'cazatesoros' estadounidense Odessey que se sigue actualmente en un juzgado de Tampa (Florida).
Los guardias civiles Raúl Centeno y Fernando Trapero fueron asesinados por miembros de la banda terrorista ETA cuando se encontraban en el interior de su vehículo a la salida de una cafetería de la localidad francesa de Capbreton el 1 de diciembre de 2007. Hasta el momento en la causa están imputados los etarras Asier Bengoa López de Armentia y Saioa Sánchez.
Además se investiga la posible participación en este doble asesinato del ex jefe de los comandos de ETA, Garikoitz Azpiazu Rubina, alias 'Txeroki' a partir de la declaración de los terroristas, Aurken Sola y Xabier Rey, dos miembros del comando 'Hego Haizea' de ETA desarticulado el 28 de octubre de 2008. Tras su detención, estos dos terroristas aseguraron haber acudido a Francia a recibir un cursillo sobre uso de explosivos con 'Txeroki' y que éste les confesó haber participado en el asesinato de los dos guardias civiles.
Precisamente, el pasado 4 de noviembre, la Audiencia Nacional ordenó al juez Santiago Pedraz que reabra la causa por los mismos hechos que se sigue en España a la espera de que Francia remita las pruebas que implicarían en estos crímenes al ex jefe militar de ETA, Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki'.
Así consta en un auto dictado por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal mediante el que se admite el recurso de apelación presentado por las familias de los agentes asesinados y se revoca el archivo de la causa acordado en septiembre pasado en 'tanto se materialice la incorporación al procedimiento de la diligencia interesada o se produzca alguna circunstancia que lo imposibilite u otra de similar tenor'.
En esa fecha Pedraz libró, a petición de la Fiscalía, una comisión rogatoria internacional a las autoridades francesas con el fin de que le remitieran copia testimoniada de las pruebas periciales que ponían de manifiesto 'la aparición de las huellas digitales y el ADN' de 'Txeroki' en el vehículo Peugeot 307 que los asesinos utilizaron el 1 de diciembre de 2007 para huir de la cafetería en la que se produjo el atentado.
