La Abogacía del Estado defiende ante el Tribunal Constitucional que 'mientras ETA no desaparezca definitivamente, la Izquierda Abertzale (...) no puede pretender colocarse en el plano de la normalidad política de los demás partidos' si no se desvincula de la organización 'sin ofrecer ningún atisbo de duda, mediante un rechazo expreso de la violencia etarra y una petición de disolución de la banda terrorista'.
Así lo subrayan los Servicios Jurídicos del Estado en el escrito que presentaron ayer ante el Tribunal Constitucional exponiendo sus argumentos en contra de la demanda de amparo que fue presentada por la defensa de Sortu contra la decisión del Supremo de prohibir la inscripción de esta formación en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.
La Fiscalía presentará hoy su propio escrito de alegaciones, informaron fuentes de esta insitución, que irán en la misma dirección que los de los Servicios Jurídicos del Estado.
Según adelantó el propio fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, durante su intervención en el acto de Apertura del Año Judicial, Sortu 'no debe legalizarse' mientras que en 'el telón de fondo de su presencia política persista la terca y desafiante sombra de ETA'.
Por lo que se refiere a los Servicios Jurídicos del Estado, la resolución impugnada no lesiona la libertad de asociación en la creación de un partido político -que es lo que denunciaron los promotores de la demanda- y se ajusta además la doctrina constitucional, por lo que no cabe estimar el recurso.
El escrito de la Abogacía trata de demostrar la 'voluntad defraudatoria' de los responsables de Sortu, que considera un instrumento de ETA-Batasuna para estar en las instituciones.
La Fiscalía presentará hoy su propio escrito de alegaciones, informaron fuentes de esta insitución, que irán en la misma dirección que los de los Servicios Jurídicos del Estado.
Según adelantó el propio fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, durante su intervención en el acto de Apertura del Año Judicial, Sortu 'no debe legalizarse' mientras que en 'el telón de fondo de su presencia política persista la terca y desafiante sombra de ETA'.
Por lo que se refiere a los Servicios Jurídicos del Estado, la resolución impugnada no lesiona la libertad de asociación en la creación de un partido político -que es lo que denunciaron los promotores de la demanda- y se ajusta además la doctrina constitucional, por lo que no cabe estimar el recurso.
El escrito de la Abogacía trata de demostrar la 'voluntad defraudatoria' de los responsables de Sortu, que considera un instrumento de ETA-Batasuna para estar en las instituciones.
