Estrasburgo no ve delito en que Otegi llamara al Rey 'responsable de los torturadores'

PP y PSOE acatan la sentencia, pero manifiestan su conformidad con los fallos que dictaron en su día el Tribunal y el Constitucional
Cuando Otegi dijo que el Rey era el 'responsable de los torturadores' estaba únicamente ejerciendo su derecho a la libertad de expresión. Esta es la tesis que defiende una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, que ha condenado a España a pagar 23.000 euros al líder de la izquierda abertzale por enviarle a la cárcel. La sentencia critica también lo que denomina 'sobreprotección' de la legislación española respecto a la figura del Rey, y asegura que la condena sobre Otegi fue 'desproporcionada'. Tanto el PP como el PSOE han explicado que la sentencia debe acatarse pero la han criticado y han apoyado al Supremo y el Constitucional.

Decir del Rey que es el 'responsable de los torturadores' es únicamente un ejercicio de libertad de expresión. Además, la ley protege demasiado al monarca. Esta es la tesis que defiende el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que ha condenado a España por vulnerar el derecho a la libertad de expresión del ex portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, cuando fue condenado a un año de prisión por un delito de injurias al Rey.

Además, la sentencia hecha pública este martes por el TEDH critica la 'sobreprotección' de la legislación española respecto a la figura del Rey y condena a España a pagar a Otegi 20.000 euros por daños morales y los 3.000 euros por las costas del procedimiento. Para los magistrados del tribunal, al líder de la izquierda abertzale se le impuso una pena 'particularmente severa' y 'desproporcionada'.

En concreto, los magistrados del tribunal de Estrasburgo critican en su sentencia que el Rey cuente en la legislación española con un nivel de protección más alto que el de otras personas. 'El hecho de que el Rey ocupe una posición de neutralidad en el debate político, una posición de árbitro y de símbolo de la unidad del Estado, no pueden ponerle al abrigo de todas las críticas en el ejercicio de sus funciones oficiales', asegura el auto.

Todo ocurrió en 2003, dos días después del arresto de diez trabajadores del diario Egunkaria. El portavoz de Batasuna ocupaba entonces el cargo de portavoz del grupo parlamentario Sociaslita Abertzlaeak. Otegi cumplió la condena impuesta entre el 8 de junio de 2007 y el 30 de agosto de 2008, pero no se quedó quieto, y reclamó al TEDH una indemnización de 78.586 euros por 'la pérdida de emolumentos como parlamentario vasco a causa del encarcelamiento'. Otegi hacía referencia a una visita efectuada por el Rey Don Juan Carlos a Vizcaya en 2003, días después del arresto de diez trabajadores del diario Egunkaria.

OTEGI ACUSÓ AL REY DE PROTEGER LA TORTURA

El líder de la izquierda abertzale se refirió a las torturas que los arrestados de Egunkaria habían denunciado y aseguró en referencia al monarca: '¿Cómo es posible que se fotografíen hoy en Bilbao con el rey de España cuando el rey de España es el jefe supremo del Ejército español, es decir, el responsable de los torturadores y el que protege la tortura e impone su régimen monárquico a nuestro pueblo por medio de la tortura y la violencia?'.

Según el Constitucional, las afirmaciones del líder de la organización ilegalizada sobre el Rey superaban de manera 'patente' por su notorio 'carácter infame' el nivel de lo lícito. Estrasburgo entiende sin embargo que se ha vulnerado el derecho de Otegi a expresarse libremente.

La decisión ha sido tomada por una sala de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, presidida por el magistrado español Josep Casadevall, que ha respaldado los argumentos de Otegi, que alegaba en una demanda presentada en 2007 que la condena constituía un atentado injustificado contra su derecho a la libertad de expresión.

La sentencia recuerda que las críticas de Otegi no atentaron contra la vida privada del Rey o su honor personal ni tampoco cuestionaron la forma en la que el monarca accedió a sus funciones oficiales ni le atribuían responsabilidad individual en la comisión de una infracción penal concreta. En opinión de Estrasburgo, el derecho a la libertad de expresión es 'precioso' para todos pero más aún para 'un cargo elegido por el pueblo', como lo era entonces Otegi en calidad de parlamentario.

Los magistrados defienden que las manifestaciones realizadas por el ex portavoz de Batasuna eran 'un juicio de valor' que pueden enmarcarse 'en un debate más amplio sobre la responsabilidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en casos de malos tratos'. Además, 'a cualquier persona que participa en un debate público de interés general' debería permitírsele 'una cierta dosis de exageración'.

Los dos principales partidos políticos españoles, PSOE y PP, han criticado la sentencia del TEDH, aunque han aclarado que debe acatarse. Así, la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha asegurado que el PP 'no tiene más remedio' que respetar la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos.

La portavoz popular ha puesto de relieve que su partido comparte las posiciones que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional mantuvieron sobre este asunto y ha avisado de que analizarán 'muy detenidamente' los fundamentos del fallo europeo.

En la misma línea se ha manifestado el PSOE. La secretaria de Política Internacional del PSOE y portavoz de su comité electoral, Elena Valenciano, ha asegurado este martes que el PSOE acatará y cumplirá la sentencia del Tribunal de Estrasburgo a favor de Otegi. 'Como siempre hacemos, acataremos y cumpliremos la sentencia en sus términos, aunque examinaremos su doctrina, porque a nosotros nos parecía muy equilibrada la posición tanto del Supremo como del Constitucional', ha explicado Valenciano.

La opinión del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, es parecida. Caamaño ha destacado que el Gobierno 'acata' y 'cumplirá' la sentencia del TEDH, pero ha precisado que el Ejecutivo 'examinará su doctrina' porque 'en principio' veía 'muy equilibrados' los planteamientos del Supremo y el Constitucional. Caamaño ha aclarado que aún no ha tenido 'oportunidad' de leer el texto de Estrasburgo. 'Efectivamente, el tribunal de Estrasburgo ha dictado una sentencia en relación con unas declaraciones de Otegi. En todo caso, como hace siempre el Gobierno, la cumpliremos en sus términos aunque examinaremos su doctrina', ha explicado.

Por su parte, el diputado de Izquierda Unida en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha pedido que en el proceso contra Sortu se tenga en cuenta esta sentencia del TEDH, un fallo que, a su juicio, deja claro que 'en democracia no vale todo'. Llamazares ha lamentado que España haya sido condenada por 'haber sobrepasado los límites del Estado de Derecho en la lucha contra la cobertura política a la organización terrorista ETA', y ha dicho que en 'democracia hay que adoptar medida que protejan los derechos de todos, incluso los de aquellos que atentan contra ella'.

Para Llamazares, la decisión de Estrasburgo demuestra que con la 'sobreactuación' y la 'interpretación de las leyes', en este caso la Ley de Partidos como 'razón de Estado', a veces se 'sobrepasan los límites más preciados de la democracia', como es el derecho a las libertades de los ciudadanos 'sean estos quienes sean'.

Por su parte, el secretario general de Esquerra Republicana (ERC), Joan Ridao, ha considerado que la sentencia del TEDH supone un 'auténtico correctivo' al uso de las leyes en función de conveniencias políticas. Para Ridao, la Justicia española no actuó contra Otegi por un exceso de libertad de expresión, sino porque entonces era el jefe político de la izquierda abertzale. En su opinión, con esta sentencia cree que Estrasburgo ha dado un 'auténtico correctivo' a esa utilización de las leyes 'a conveniencia', por 'razones de Estado'.

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