La Alianza Evangélica Española ha pedido al Gobierno que retire y revise el proyecto de Ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida que, a su juicio, es 'impreciso' e 'innecesario'.
En este sentido, ha apuntado que los aspectos novedosos que recoge se podrían haber aplicado sin elaborar esta normativa, aunque ha admitido que contiene algunos aspectos positivos como 'la prohibición del encarnizamiento terapéutico o el énfasis en la importancia del testamento vital'.
De hecho, considera que la atención a las personas al final de la vida es una obligación ética que debe ser satisfecha tanto por los poderes y administraciones públicas, como por los propios profesionales sanitarios.
No obstante, Alianza Evangélica ha lamentado la falta de 'una mayor definición de la necesidad de formación en cuidados paliativos de los profesionales sanitarios' así como la 'indefinición' en el uso de algunos términos como el pronóstico de supervivencia de un paciente en situación terminal -semanas o meses-, lo que, a su juicio, 'genera incertidumbres respecto al paciente que puede ser sujeto de los derechos contenidos en esta norma.
En relación al consentimiento de los menores de más de dieciséis años y emancipados, los evangélicos rechazan que la norma no contemple la consulta preceptiva a los padres, 'de modo que estos, sin menoscabo del respeto de los derechos personalísimos del hijo, puedan ser parte en el proceso de toma de decisiones'.
AUSENCIA DEL JUICIO CLÍNICO
Además, ven 'negativa' la ausencia de la 'lex artis' en la actuación médica en el proceso de atención al enfermo en situación terminal, es decir, del juicio clínico emitido para un caso concreto. En estas circunstancias, según han indicado, resulta asimismo 'evidente la necesidad de articular el derecho a la objeción de conciencia por parte del profesional'.
En esta línea, han apuntado que es 'alarmante' la propuesta que contiene el proyecto dirigida a suprimir el inciso tercero del artículo 11 de la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente, que declaraba la nulidad de las instrucciones previas que fueran contrarias a ordenamiento jurídico y a la 'lex artis'.
Finalmente, han remarcado que la regulación que hace el proyecto del derecho al tratamiento del dolor es 'contradictoriamente imprecisa y reduccionista' porque su redacción 'no aporta nada que no se haga actualmente desde las unidades de cuidados paliativos' y porque 'destaca la sedación paliativa, desoyendo a las sociedades profesionales'.
De hecho, considera que la atención a las personas al final de la vida es una obligación ética que debe ser satisfecha tanto por los poderes y administraciones públicas, como por los propios profesionales sanitarios.
No obstante, Alianza Evangélica ha lamentado la falta de 'una mayor definición de la necesidad de formación en cuidados paliativos de los profesionales sanitarios' así como la 'indefinición' en el uso de algunos términos como el pronóstico de supervivencia de un paciente en situación terminal -semanas o meses-, lo que, a su juicio, 'genera incertidumbres respecto al paciente que puede ser sujeto de los derechos contenidos en esta norma.
En relación al consentimiento de los menores de más de dieciséis años y emancipados, los evangélicos rechazan que la norma no contemple la consulta preceptiva a los padres, 'de modo que estos, sin menoscabo del respeto de los derechos personalísimos del hijo, puedan ser parte en el proceso de toma de decisiones'.
AUSENCIA DEL JUICIO CLÍNICO
Además, ven 'negativa' la ausencia de la 'lex artis' en la actuación médica en el proceso de atención al enfermo en situación terminal, es decir, del juicio clínico emitido para un caso concreto. En estas circunstancias, según han indicado, resulta asimismo 'evidente la necesidad de articular el derecho a la objeción de conciencia por parte del profesional'.
En esta línea, han apuntado que es 'alarmante' la propuesta que contiene el proyecto dirigida a suprimir el inciso tercero del artículo 11 de la Ley 41/2002 reguladora de la autonomía del paciente, que declaraba la nulidad de las instrucciones previas que fueran contrarias a ordenamiento jurídico y a la 'lex artis'.
Finalmente, han remarcado que la regulación que hace el proyecto del derecho al tratamiento del dolor es 'contradictoriamente imprecisa y reduccionista' porque su redacción 'no aporta nada que no se haga actualmente desde las unidades de cuidados paliativos' y porque 'destaca la sedación paliativa, desoyendo a las sociedades profesionales'.
