El fiscal de la Audiencia Nacional Juan Moral solicita penas de entre 10 y 15 años de prisión para 22 responsables de la Asamblea de Electos de Batasuna conocida como Udalbiltza Kursaal, que serán juzgados desde el jueves 15 por los delitos de integración en organización terrorista y malversación de caudales públicos.
Entre los acusados figuran Xabier Alegría, que coordinaba la entidad por designación de la Comisión Ejecutiva, Joseba Mikel Garmendia, miembro del aparato de finanzas de ETA y responsable en este caso concreto de los asuntos económicos de la entidad ilícita, así como Miriam Campos, también juzgada en el macroproceso contra el entorno de ETA por su vinculación al aparato internacional de la organización terrorista, conocido como 'Xaki'.
Según el escrito de la Fiscalía, Udalbiltza Kursaal intentó jugar un papel predominante en la reorientación de la actividad de ETA para continuar con el llamado 'Proyecto de Construcción Nacional' de la banda y depende directamente de ella. 'La entidad denominada Udalbiltza Kursaal constituye una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA, a través de EKIN y del ilegalizado partido político Batasuna', señala en su escrito el representante del Ministerio Público.
Para desarrollar esta estrategia, las instituciones más adecuadas son los Ayuntamientos que, según defiende la Fiscalía, gozan de una credibilidad mayor para el ciudadano. El fiscal considera que ETA emplea la legalidad para generar 'espacios de alegalidad' como Udalbiltza, que se financian en parte con fondos públicos desviados por los propios responsables de las corporaciones municipales -miembros de la ilegalizada Batasuna-.
Según el escrito de la Fiscalía, Udalbiltza Kursaal intentó jugar un papel predominante en la reorientación de la actividad de ETA para continuar con el llamado 'Proyecto de Construcción Nacional' de la banda y depende directamente de ella. 'La entidad denominada Udalbiltza Kursaal constituye una plataforma bajo el control directo y exclusivo de ETA, a través de EKIN y del ilegalizado partido político Batasuna', señala en su escrito el representante del Ministerio Público.
Para desarrollar esta estrategia, las instituciones más adecuadas son los Ayuntamientos que, según defiende la Fiscalía, gozan de una credibilidad mayor para el ciudadano. El fiscal considera que ETA emplea la legalidad para generar 'espacios de alegalidad' como Udalbiltza, que se financian en parte con fondos públicos desviados por los propios responsables de las corporaciones municipales -miembros de la ilegalizada Batasuna-.
