La excoordinadora del área de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Palma y exalto cargo de Unió Mallorquina (UM) Paula Cortés, imputada en la causa que investiga el presunto desvío de hasta 1,2 millones de euros en la captación de votos para el partido, más conocida como caso Picnic, ha solicitado que la Policía Nacional incorpore al procedimiento todos los datos de que dispone y que podrían ser clave en el esclarecimiento de las presuntas irregularidades investigadas.
Mediante un escrito al que han tenido acceso los medios, la encausada, quien se encuentra en libertad bajo fianza de 65.000 euros en el marco de este proceso, pide al Juzgado de Instrucción número 8 de Palma, encargado de las pesquisas, que reclame a la Policía toda la documentación que el Ayuntamiento proporcionó al cuerpo y en la que había 'cierto contenido que puede ser de mucho interés para la causa'.
Según apunta Cortés a través de su defensa, tan sólo una parte de la anterior documentación fue aportada a la causa para su muestreo, entre la que se hallaba un archivador que contenía 'gran cantidad de carpetas' en las que figuraban los nombres de los distintos barrios de Palma en los que, al parecer, se hacía una campaña de información medioambiental que, según la Fiscalía Anticorrupción, habría servido para atraer a futuros votantes de UM, aprovechando que esta formación controlaba la Concejalía de Medio Ambiente.
A juicio de la imputada, la visión conjunta de todos los datos de que dispone la Policía 'podría ser útil para la verdadera comprensión de la actividad medioambiental' llevada a cabo por informadores medioambientales de los que, según los investigadores, se valió en realidad la extinta UM para 'hacer proselitismo, propaganda y apología de su idea política', todo ello 'en beneficio exclusivo del partido'.
La Fiscalía Anticorrupción apunta a que desde la Concejalía de Medio Ambiente se contrataron inspectores medioambientales que en realidad habrían llevado a cabo labores particulares para UM con la realización de encuestas puerta a puerta para deducir la afinidad de los ciudadanos hacia la formación nacionalista, datos eran facilitados a Cortés y que posteriormente eran utilizados para que los agentes visitasen únicamente a los potenciales votantes para ofrecerles excursiones en la que conseguir nuevos afiliados.
De hecho, mediante el auto por el que el juez dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para la exnúmero 2 de UM en el Consistorio, Cristina Cerdó, y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, el magistrado aseveraba que con la contratación de gente afín a la formación (los informadores medioambientales) el partido 'se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil'.
Según apunta Cortés a través de su defensa, tan sólo una parte de la anterior documentación fue aportada a la causa para su muestreo, entre la que se hallaba un archivador que contenía 'gran cantidad de carpetas' en las que figuraban los nombres de los distintos barrios de Palma en los que, al parecer, se hacía una campaña de información medioambiental que, según la Fiscalía Anticorrupción, habría servido para atraer a futuros votantes de UM, aprovechando que esta formación controlaba la Concejalía de Medio Ambiente.
A juicio de la imputada, la visión conjunta de todos los datos de que dispone la Policía 'podría ser útil para la verdadera comprensión de la actividad medioambiental' llevada a cabo por informadores medioambientales de los que, según los investigadores, se valió en realidad la extinta UM para 'hacer proselitismo, propaganda y apología de su idea política', todo ello 'en beneficio exclusivo del partido'.
La Fiscalía Anticorrupción apunta a que desde la Concejalía de Medio Ambiente se contrataron inspectores medioambientales que en realidad habrían llevado a cabo labores particulares para UM con la realización de encuestas puerta a puerta para deducir la afinidad de los ciudadanos hacia la formación nacionalista, datos eran facilitados a Cortés y que posteriormente eran utilizados para que los agentes visitasen únicamente a los potenciales votantes para ofrecerles excursiones en la que conseguir nuevos afiliados.
De hecho, mediante el auto por el que el juez dictó prisión bajo fianza de 300.000 euros para la exnúmero 2 de UM en el Consistorio, Cristina Cerdó, y de 100.000 para Cortés -posteriormente rebajada a 65.000-, el magistrado aseveraba que con la contratación de gente afín a la formación (los informadores medioambientales) el partido 'se ganaba adeptos y fieles que los apoyarían, dando así una imagen de ser un partido de éxito con el consecuente efecto arrastre que ello puede suponer a la hora de disipar el llamado voto útil'.
