El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, anunció ayer que los empleados públicos de la comunidad autónoma extremeña cobrarán finalmente este año la paga extra de Navidad con los fondos que la región percibirá tras una sentencia del Tribunal Constitucional, que da la razón al Ejecutivo extremeño ante el recurso que el Gobierno central interpuso contra el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito.
Una sentencia por la que el Gobierno de Extremadura recibirá unos 240 millones de euros, de los que gastará en torno a 80 millones en restablecer la paga extra de Navidad a los empleados públicos de la comunidad. Una medida que afectará a los funcionarios, pero no a los altos cargos de la Administración, que seguirán sin cobrar la extra.
José Antonio Monago calificó de 'muy buena noticia' esta sentencia, que da la razón a Extremadura ante un recurso que presentó el Gobierno central contra este impuesto extremeño, ya que según destacó el presidente regional, el dinero que llegará a la región se destinará, además de a restablecer la paga extra, a la dependencia, al empleo, al pago a proveedores, y a aliviar el déficit de la comunidad.
Monago recordó que el Gobierno de Extremadura prometió restablecer esta paga extra a los funcionarios 'en cuanto fuera posible', y por tanto 'ahora parece que la hay' con el dinero que llegará a la región, 'salvo que haya algún incidente procesal', que el presidente extremeño no baraja, ya que la sentencia es 'firme'.
MEDIDA ESTACIONAL
El presidente extremeño recordó que la medida de suspender la paga extra era 'estacional' y ahora 'no hay ninguna razón para que se le someta a más tensión, en este caso, al conjunto de los empleados públicos de Extremadura', y por tanto ha aseverado que 'si el dinero se recibe en próximas fechas, antes de Reyes tendrían esa paga extraordinaria'.
En cualquier caso, apuntó que 'si hubiera algún incidente en el procedimiento, evidentemente no se podría cumplir en esas fechas', pero se intentaría cumplir 'de manera lo más inmediata posible'.
Cabe recordar que este asunto se remonta a 2002 cuando el Gobierno central, entonces presidido por José María Aznar, recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley extremeña de 2001 que establecía un Impuesto sobre Depósitos de las Entidades Bancarias por entender que vulneraba competencias estatales, afectaba a bienes situados fuera del ámbito de comunidad y gravaba una actividad que ya era objeto de otros impuesto, como el IAE.
Diez años después, el Tribunal dio la razón al Gobierno de Extremadura.
José Antonio Monago calificó de 'muy buena noticia' esta sentencia, que da la razón a Extremadura ante un recurso que presentó el Gobierno central contra este impuesto extremeño, ya que según destacó el presidente regional, el dinero que llegará a la región se destinará, además de a restablecer la paga extra, a la dependencia, al empleo, al pago a proveedores, y a aliviar el déficit de la comunidad.
Monago recordó que el Gobierno de Extremadura prometió restablecer esta paga extra a los funcionarios 'en cuanto fuera posible', y por tanto 'ahora parece que la hay' con el dinero que llegará a la región, 'salvo que haya algún incidente procesal', que el presidente extremeño no baraja, ya que la sentencia es 'firme'.
MEDIDA ESTACIONAL
El presidente extremeño recordó que la medida de suspender la paga extra era 'estacional' y ahora 'no hay ninguna razón para que se le someta a más tensión, en este caso, al conjunto de los empleados públicos de Extremadura', y por tanto ha aseverado que 'si el dinero se recibe en próximas fechas, antes de Reyes tendrían esa paga extraordinaria'.
En cualquier caso, apuntó que 'si hubiera algún incidente en el procedimiento, evidentemente no se podría cumplir en esas fechas', pero se intentaría cumplir 'de manera lo más inmediata posible'.
Cabe recordar que este asunto se remonta a 2002 cuando el Gobierno central, entonces presidido por José María Aznar, recurrió ante el Tribunal Constitucional la ley extremeña de 2001 que establecía un Impuesto sobre Depósitos de las Entidades Bancarias por entender que vulneraba competencias estatales, afectaba a bienes situados fuera del ámbito de comunidad y gravaba una actividad que ya era objeto de otros impuesto, como el IAE.
Diez años después, el Tribunal dio la razón al Gobierno de Extremadura.
