Los abogados de las familias de las víctimas de la fiesta de Halloween en el Madrid Arena, en la que murieron cinco jóvenes, han considerado hoy que la Comisión de Investigación del caso en el Ayuntamiento de Madrid no sirva para 'casi nada'.
De esta forma lo han expresado los abogados Gerardo Viada y Felipe Moreno, representantes legales de las familias de dos de las chicas fallecidas, Katia Esteban y Rocío Oña, respectivamente.
Moreno ha expresado una opinión 'negativa' de los trabajos de la Comisión de Investigación del Madrid Arena, ya que, a su entender, ha funcionado como 'una cortina de humo en la que todos han ido a cubrirse los unos a los otros'.
'Donde hay que hacer la valoración de todas las actuaciones no es en la Comisión de Investigación sino en el juzgado, a través de la declaración de los responsables municipales como imputados', ha dicho Moreno.
En el procedimiento judicial, según este letrado, se irá viendo que el recinto precisaba unas licencias que no estaban dadas por el Ayuntamiento de Madrid y que tanto los Bomberos como la Policía Municipal habían puesto de manifiesto la falta de adecuación de las instalaciones para organizar eventos como la fiesta de Halloween.
Además, ha afirmado que el SAMUR debió recibir una comunicación del Ayuntamiento de Madrid y de la Delegación del Gobierno sobre la celebración de un evento, al que calculaban que asistirían 7.000 personas.
Se ha mostrado convencido de que en sede judicial habrá que dirimir las responsabilidades del organizador del evento, de las empresas de seguridad Kontrol 34 y Seguriber, del Ayuntamiento de Madrid, de la Policía Municipal y de la Delegación del Gobierno por falta de medidas de seguridad.
Por su parte, Viada ha señalado que la Comisión de Investigación 'nace lastrada porque la asistencia no es obligatoria y varias personas se escudan en que tienen que declarar en el juzgado para no ir a la comisión, porque se ha bloqueado la asistencia de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y porque no cuenta con la participación de IU'.
El Madrid Arena no está diseñado para acoger 'macrofiestas', ha resaltado el letrado, quien ha indicado que, en el procedimiento judicial, se está acreditando que 'no hubo ningún tipo de control interno' y que la pista central se convirtió en 'una ratonera' en la que se concentró un número de personas que no podía salir por unos pasillos de tres metros de ancho.
Todo ocurrió por 'un cúmulo de imprudencias' del organizador del evento, Miguel Ángel Flores, de las dos empresas de seguridad, Kontrol 34 y Seguriber, y del Ayuntamiento de Madrid, propietario del recinto, ha aseverado Viada.
Ha criticado al Consistorio madrileño, que impuso la presencia de Seguriber como empresa de seguridad, por no controlar el aforo, por la venta de un mayor número de entradas de las que admite el recinto, por permitir que todos los asistentes bajaran a la pista central, por no avisar al SAMUR y por disponer tan solo de un médico para el evento.
Viada ha apuntado que, de las Comisiones de Investigación, 'nunca espero nada' porque están muy limitadas legalmente y ha expresado su deseo de que el procedimiento judicial permita 'individualizar las responsabilidades de cada uno', aunque lleva un ritmo más lento y puede durar años.
A la vista de los vídeos de las cámaras del recinto 'murieron cinco niñas, pero podía haber sido una catástrofe de centenares de muertos', ha asegurado el abogado.
Moreno ha expresado una opinión 'negativa' de los trabajos de la Comisión de Investigación del Madrid Arena, ya que, a su entender, ha funcionado como 'una cortina de humo en la que todos han ido a cubrirse los unos a los otros'.
'Donde hay que hacer la valoración de todas las actuaciones no es en la Comisión de Investigación sino en el juzgado, a través de la declaración de los responsables municipales como imputados', ha dicho Moreno.
En el procedimiento judicial, según este letrado, se irá viendo que el recinto precisaba unas licencias que no estaban dadas por el Ayuntamiento de Madrid y que tanto los Bomberos como la Policía Municipal habían puesto de manifiesto la falta de adecuación de las instalaciones para organizar eventos como la fiesta de Halloween.
Además, ha afirmado que el SAMUR debió recibir una comunicación del Ayuntamiento de Madrid y de la Delegación del Gobierno sobre la celebración de un evento, al que calculaban que asistirían 7.000 personas.
Se ha mostrado convencido de que en sede judicial habrá que dirimir las responsabilidades del organizador del evento, de las empresas de seguridad Kontrol 34 y Seguriber, del Ayuntamiento de Madrid, de la Policía Municipal y de la Delegación del Gobierno por falta de medidas de seguridad.
Por su parte, Viada ha señalado que la Comisión de Investigación 'nace lastrada porque la asistencia no es obligatoria y varias personas se escudan en que tienen que declarar en el juzgado para no ir a la comisión, porque se ha bloqueado la asistencia de la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y porque no cuenta con la participación de IU'.
El Madrid Arena no está diseñado para acoger 'macrofiestas', ha resaltado el letrado, quien ha indicado que, en el procedimiento judicial, se está acreditando que 'no hubo ningún tipo de control interno' y que la pista central se convirtió en 'una ratonera' en la que se concentró un número de personas que no podía salir por unos pasillos de tres metros de ancho.
Todo ocurrió por 'un cúmulo de imprudencias' del organizador del evento, Miguel Ángel Flores, de las dos empresas de seguridad, Kontrol 34 y Seguriber, y del Ayuntamiento de Madrid, propietario del recinto, ha aseverado Viada.
Ha criticado al Consistorio madrileño, que impuso la presencia de Seguriber como empresa de seguridad, por no controlar el aforo, por la venta de un mayor número de entradas de las que admite el recinto, por permitir que todos los asistentes bajaran a la pista central, por no avisar al SAMUR y por disponer tan solo de un médico para el evento.
Viada ha apuntado que, de las Comisiones de Investigación, 'nunca espero nada' porque están muy limitadas legalmente y ha expresado su deseo de que el procedimiento judicial permita 'individualizar las responsabilidades de cada uno', aunque lleva un ritmo más lento y puede durar años.
A la vista de los vídeos de las cámaras del recinto 'murieron cinco niñas, pero podía haber sido una catástrofe de centenares de muertos', ha asegurado el abogado.
