El alto tribunal rechaza tramitar la denuncia presentada contra la ministra de Empleo
El auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que rechaza tramitar la denuncia presentada por el PSOE contra la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, por la filtración a un medio de comunicación de determinados datos del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de este partido, concluye que los datos publicados 'en modo alguno afectan a aspectos personales o confidenciales dignos de protección'.
La resolución dada a conocer este jueves, cuyo ponente ha sido el magistrado del Supremo José Manuel Maza, acoge la tesis de la Fiscalía contraria a la tramitación del procedimiento porque la atribución a Báñez de la citada filtración 'no pasa de ser una suposición del denunciante, insuficiente a todas luces'.
Añade que no existen 'elementos de la suficiente solvencia' para la imputación de la ministra por un delito de revelación de secretos, que debería corresponder a este órgano por tratarse de una aforada.
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA
En todo caso, de haber existido estos indicios los hechos no podrían considerarse caso delito, sino una mera infracción administrativa, al ser el perjuicio ocasionado 'de menor entidad' por no afectar de modo 'serio, real y grave' a la credibilidad de las Administraciones Públicas.
El auto, que firman además de Maza los magistrados Carlos Granados, José Ramón Soriano, Alberto Jorge Barreiro y Juan Saavedra, presidente de lo Penal del Supremo, señala que los extremos referidos por el PSOE como 'filtrados' al diario La Razón no son más que 'una serie de datos generales relativos a la noticia de la presentación de un ERE para el personal del partido denunciante, que en modo alguno afectan a aspectos personales o confidenciales dignos de protección, al menos porla norma penal'.
El juez de instrucción número 28 de Madrid, Mariano Ascandoni, ante quien se presentó la acción penal, se inhibió en favor del Supremo al considerar que éste era el órgano competente para investigar el presunto delito atribuido por el PSOE a la ministra, dada su condición de aforada.
La denuncia, presentada el pasado 20 de julio, señalaba textualmente de que se trata de un 'supuesto gravísimo, en el que el daño generado al servicio público es de la máxima relevancia' y acusaba a la titular de Empleo de 'vulnerar de manera flagrante todos los principios que rigen la conducta de las autoridades públicas y la actuación de la Administración Pública, sujeta siempre al principio de legalidad'.
'Y lo hace con una motivación exclusivamente partidista, buscando únicamente el daño del principal partido de la oposición, premeditadamente y despreciando cualquier atisbo de defensa del interés general', afirmaba el PSOE en una nota sobre el contenido de la denuncia.
La denuncia indicaba también que 'el daño para la imagen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es incalculable, pues la máxima autoridad del mismo no duda, en un tema de la máxima sensibilidad en la actualidad, como son los expedientes de regulación de empleo, en utilizar la información a la que tiene acceso con fines puramente partidistas y absolutamente ajenos a la Administración Pública que representa'.
La resolución dada a conocer este jueves, cuyo ponente ha sido el magistrado del Supremo José Manuel Maza, acoge la tesis de la Fiscalía contraria a la tramitación del procedimiento porque la atribución a Báñez de la citada filtración 'no pasa de ser una suposición del denunciante, insuficiente a todas luces'.
Añade que no existen 'elementos de la suficiente solvencia' para la imputación de la ministra por un delito de revelación de secretos, que debería corresponder a este órgano por tratarse de una aforada.
INFRACCIÓN ADMINISTRATIVA
En todo caso, de haber existido estos indicios los hechos no podrían considerarse caso delito, sino una mera infracción administrativa, al ser el perjuicio ocasionado 'de menor entidad' por no afectar de modo 'serio, real y grave' a la credibilidad de las Administraciones Públicas.
El auto, que firman además de Maza los magistrados Carlos Granados, José Ramón Soriano, Alberto Jorge Barreiro y Juan Saavedra, presidente de lo Penal del Supremo, señala que los extremos referidos por el PSOE como 'filtrados' al diario La Razón no son más que 'una serie de datos generales relativos a la noticia de la presentación de un ERE para el personal del partido denunciante, que en modo alguno afectan a aspectos personales o confidenciales dignos de protección, al menos porla norma penal'.
El juez de instrucción número 28 de Madrid, Mariano Ascandoni, ante quien se presentó la acción penal, se inhibió en favor del Supremo al considerar que éste era el órgano competente para investigar el presunto delito atribuido por el PSOE a la ministra, dada su condición de aforada.
La denuncia, presentada el pasado 20 de julio, señalaba textualmente de que se trata de un 'supuesto gravísimo, en el que el daño generado al servicio público es de la máxima relevancia' y acusaba a la titular de Empleo de 'vulnerar de manera flagrante todos los principios que rigen la conducta de las autoridades públicas y la actuación de la Administración Pública, sujeta siempre al principio de legalidad'.
'Y lo hace con una motivación exclusivamente partidista, buscando únicamente el daño del principal partido de la oposición, premeditadamente y despreciando cualquier atisbo de defensa del interés general', afirmaba el PSOE en una nota sobre el contenido de la denuncia.
La denuncia indicaba también que 'el daño para la imagen del Ministerio de Empleo y Seguridad Social es incalculable, pues la máxima autoridad del mismo no duda, en un tema de la máxima sensibilidad en la actualidad, como son los expedientes de regulación de empleo, en utilizar la información a la que tiene acceso con fines puramente partidistas y absolutamente ajenos a la Administración Pública que representa'.
