El fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, atribuye a Iñaki Urdangarin y a su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, 'una actividad delictiva premeditada' dirigida a apropiarse de fondos públicos mediante los convenios suscritos con los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana.
Horrach sostiene que el duque de Palma y Torres deben resarcir a las arcas públicas por 'la totalidad de los fondos públicos percibidos por el Instituto Nóos', lo cual asciende a los 8.189.448 millones de euros que pide para ellos como fianza civil. Así lo planteó el fiscal al juez de Palma que instruye el caso Nóos, José Castro, en un escrito de 234 páginas en el que justifica la petición de fianza en la necesidad de 'asegurar las responsabilidades pecuniarias' que puedan derivarse de los presuntos delitos investigados.
Horrach solicitó de este modo que se abra una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se dé traslado a las partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien y hagan las alegaciones que estimen oportunas, tras lo cual el juez dictará un auto con el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía. El juez José Castro dictó una providencia en la que da un plazo de veinte días a las partes para presentar alegaciones.
EMBARGO DE BIENES
Se trata de una caución a la que, en caso de ser acordada por el magistrado, deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones. En su escrito apercibe a ambos de que, en caso de que no depositen el dinero, les serán embargados todos sus bienes.
En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la infanta Cristina es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Horrach argumenta que el Instituto Nóos fue creado como asociación sin ánimo de lucro con el propósito de 'dar cobertura' al acceso a fondos públicos eludiendo los controles que serían aplicables a entidades mercantiles. Sostiene que el fin de Nóos era lograr convenios de colaboración con entidades públicas al amparo de su condición de organización no lucrativa, 'rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba' y 'evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos'.
En cuanto a los gestores públicos de la Comunidad Valenciana y Baleares que contrataron con Urdangarin y Torres para la organización de los eventos Illes Balears Forum y Valencia Summit, el fiscal afirma que adoptaron 'decisiones administrativas arbitrarias e injustas' para beneficiar al yerno del rey y a su exsocio. Asevera que estos convenios de colaboracion, a través de los cuales ambos imputados se hicieron con un total de 5,8 millones, son 'fruto de decisiones adoptadas mediante un ejercicio abusivo de poder'.
Horrach solicitó de este modo que se abra una pieza separada de responsabilidad civil, en el marco de la cual se dé traslado a las partes personadas en el caso Nóos para que se pronuncien y hagan las alegaciones que estimen oportunas, tras lo cual el juez dictará un auto con el que decidirá si estima o no la petición de la Fiscalía. El juez José Castro dictó una providencia en la que da un plazo de veinte días a las partes para presentar alegaciones.
EMBARGO DE BIENES
Se trata de una caución a la que, en caso de ser acordada por el magistrado, deberán hacer frente de forma conjunta y solidaria ambos imputados, lo que significa que cada uno podrá abonar de forma desigual su parte, o que sólo uno de ellos haga frente a la cantidad global, siempre que se asegure que serán depositados los 8,2 millones. En su escrito apercibe a ambos de que, en caso de que no depositen el dinero, les serán embargados todos sus bienes.
En concreto, las mercantiles a las que la Fiscalía extiende su petición son Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon S.L. -de la que la infanta Cristina es copropietaria al 50 por ciento-, Virtual Strategies S.L., Shiriaimasu, Intuit Strategy Innovat y De Goes Center For Stakeholder Management, empresas que centran el foco de atención de la causa junto al propio Instituto Nóos, que entre 2004 y 2007 recibió del Govern balear y la Comunidad Valenciana un total de 5,8 millones mientras que de entidades privadas percibió hasta 4,4 millones de euros.
Horrach argumenta que el Instituto Nóos fue creado como asociación sin ánimo de lucro con el propósito de 'dar cobertura' al acceso a fondos públicos eludiendo los controles que serían aplicables a entidades mercantiles. Sostiene que el fin de Nóos era lograr convenios de colaboración con entidades públicas al amparo de su condición de organización no lucrativa, 'rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba' y 'evitar suspicacias por parte de terceros al financiarse básicamente con fondos procedentes de organismos públicos'.
En cuanto a los gestores públicos de la Comunidad Valenciana y Baleares que contrataron con Urdangarin y Torres para la organización de los eventos Illes Balears Forum y Valencia Summit, el fiscal afirma que adoptaron 'decisiones administrativas arbitrarias e injustas' para beneficiar al yerno del rey y a su exsocio. Asevera que estos convenios de colaboracion, a través de los cuales ambos imputados se hicieron con un total de 5,8 millones, son 'fruto de decisiones adoptadas mediante un ejercicio abusivo de poder'.
