El conflicto de jurisdicción planteado por la negativa a entregar las actas de los Consejos de Gobierno andaluces dio lugar a interpretaciones opuestas, pues la Fiscalía Anticorrupción califica de 'desproporcionada' la petición de la jueza pero el PP lo cree una 'argucia' de la Junta. Frente a ellos, el abogado de Daniel Ponce, exdirector adjunto de Mercasevilla imputado en la causa por presuntos EREs irregulares, cree que el conflicto de jurisdicción en torno a la entrega de las actas decayó tras la decisión de la juez de eliminar de su petición todos los aspectos secretos.
La Fiscalía Anticorrupción, en un escrito conocido ayer, se opuso a la petición de la jueza de reclamar todas las actas del Consejo de Gobierno de la Junta desde 2001, medida que considera 'desproporcionada' y que afecta a documentos que según la ley son 'materia reservada'. La petición 'invade competencias que son propias del Gobierno autonómico', asegura.
