La Fiscalía de Siniestralidad Laboral de Valencia pedirá al Gobierno central que conceda la residencia temporal al trabajador inmigrante que perdió el brazo izquierdo.
El hombre perdió el miembro con una máquina de amasar en una panificadora del polígono Real de Gandía (Valencia) el pasado 28 de mayo y que supuestamente fue abandonado por su jefe unos 50 metros antes de llegar al hospital porque carecía de contrato de trabajo.
Según informaron fuentes del ministerio público en un comunicado, la Fiscalía fundamenta esta petición en que en este caso concurre un interés público, que es 'la normal y correcta conclusión del procedimiento judicial', indicaron.
Junto a ello, pedirá, en el supuesto de que exista expulsión acordada, que no se ejecute por tratarse de una víctima de delito, según contempla el artículo 59.4 de la Ley de Extranjería y el 117.3 del Reglamento. Además, estima que su presencia resultará 'imprescindible' para la práctica de diligencias.
También solicitará a la Brigada de Extranjería y Documentación un certificado en el que conste la situación del extranjero, para investigar el delito de contratación de extranjeros en situación irregular. Una vez la causa esté en sede judicial, interesará la preconstitución de la prueba conforme a lo que dispone los artículos 448.1 y 777.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), ante el riesgo de ilocalización del sujeto.
La Fiscalía ya solicitó ayer, a través de la sección de Gandia, los informes a la Guardia Civil y a Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido con el trabajador inmigrante, de origen boliviano, que se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia.
La Guardia Civil detuvo la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían trabajando a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato. Respecto a la denuncia del joven, de que uno de los jefes le abandonó, la Guardia Civil está investigando los hechos por si adopta cualquier otra medida. Por el momento, ha clausurado el establecimiento.
Según informaron fuentes del ministerio público en un comunicado, la Fiscalía fundamenta esta petición en que en este caso concurre un interés público, que es 'la normal y correcta conclusión del procedimiento judicial', indicaron.
Junto a ello, pedirá, en el supuesto de que exista expulsión acordada, que no se ejecute por tratarse de una víctima de delito, según contempla el artículo 59.4 de la Ley de Extranjería y el 117.3 del Reglamento. Además, estima que su presencia resultará 'imprescindible' para la práctica de diligencias.
También solicitará a la Brigada de Extranjería y Documentación un certificado en el que conste la situación del extranjero, para investigar el delito de contratación de extranjeros en situación irregular. Una vez la causa esté en sede judicial, interesará la preconstitución de la prueba conforme a lo que dispone los artículos 448.1 y 777.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), ante el riesgo de ilocalización del sujeto.
La Fiscalía ya solicitó ayer, a través de la sección de Gandia, los informes a la Guardia Civil y a Inspección de Trabajo para investigar lo ocurrido con el trabajador inmigrante, de origen boliviano, que se encuentra ingresado en el Hospital Virgen del Consuelo de Valencia.
La Guardia Civil detuvo la semana pasada a los dos jefes del joven, hermanos propietarios del horno, por un delito contra los derechos de los trabajadores, ya que, supuestamente, tenían trabajando a su cargo a personas sin ningún tipo de contrato. Respecto a la denuncia del joven, de que uno de los jefes le abandonó, la Guardia Civil está investigando los hechos por si adopta cualquier otra medida. Por el momento, ha clausurado el establecimiento.
