La Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes, reclamó que el TSJPV 'ponga fin' hoy mismo al juicio. También las defensas de López y Ares, así como la de Otegi, pidieron el archivo.
El juicio se celebra contra el lehendakari, Juan José Ibarretxe, los dirigentes socialistas, Patxi López y Rodolfo Ares, así como contra cinco miembros de la izquierda abertzale, entre ellos Arnaldo Otegi, por reunirse estando Batasuna ilegalizada.
Sin embargo, la representación legal del lehendakari renunció al sobreseimiento de la causa, al considerar que los acusados ya han cumplido 'pena de banquillo', y buscará la absolución y la declaración de la inocencia del lehendakari. 'Queremos demostrar, no sólo que la actuación del lehendakari fue legítima, sino la de todos', aseveró.
El letrado planteó una cuestión previa, que luego retiró, en la que argumentó que la vista debería ser suspendida en base a la doctrina Botín, al no existir acusación particular ni ejercer la acción penal la Fiscalía, así como por el precedente sentado por la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de noviembre de 2006, en la que se archivó la querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno central y su Consejo de Ministros, por 'autorizar a los líderes socialistas vascos a mantener la reunión del 6 de julio de 2006 con los representantes de la izquierda abertzale'.
Casas recordó que entonces, el Supremo consideró 'un fraude' pretender limitar, en los tribunales, la 'acción política'. Tras subrayar que, en seis ocasiones ha solicitado la paralización del procedimiento, y también la nulidad de actuaciones, que han sido rechazadas tanto por el juez instructor, Roberto Sáiz, como por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, afirmó que retira la cuestión previa.
A su juicio, 'frente al diálogo no hay proceso penal, frente al diálogo hay soluciones y, si queremos vivir permanentemente mirando hacia atrás, bastará con plantear este tipo de querellas, si queremos mirar al futuro, habrá que trabajar en común'.
'La pena de banquillo que han soportado el lehendakari y el resto de los imputados es más que suficiente para que demostremos que nos asiste la razón y que, de esta Sala, pidamos ya una sentencia en la que se nos dé la razón', subrayó.
Para la defensa del lehendakari, es importante 'entrar en el fondo del asunto' porque 'queremos demostrar la inocencia, no sólo del lehendakari, sino de todos los demás' y defendió 'el derecho legítimo al diálogo y a la paz de este país'. 'Lo que hicieron fue legítimo y cabal, que fue dar un paso adelante y buscar soluciones de paz', añadió.
Por ello, aseguró que demostrará que el lehendakari, 'en el ejercicio legítimo de su cargo, hizo lo que tenía que hacer' y no ha hecho 'nada diferente a otros gobiernos democráticos' para resolver 'el conflicto vasco, la cuestión vasca, aquí relacionada con el tema de la violencia'.
FISCALÍA
Por su parte, la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes, pidió al Tribunal que dicte sentencia 'poniendo fin a la presente causa por supuesta desobediencia por la reuniones con Batasuna'.
En los primeros momentos de la vista oral, iniciada esta mañana, Montes planteó una cuestión previa en la que solicitó que se acabe el procedimiento penal al considerar que 'tal como el Tribunal Supremo afirmó en la sentencia del caso Botín, si la acusación particular o el Ministerio fiscal no ejercen la acción penal, no puede procederse a la apertura de juicio oral sólo con las acusaciones populares'.
Aunque reconoció que, debido al caso Atutxa, se puede producir una contradicción en esta doctrina, manifestó que, a su juicio, la que debe prevalecer es la del caso Botín.
IZQUIERDA ABERTZALE
Además, Jone Goirizelaia, letrada de los representantes de la izquierda abertzale, y Félix Rojo, representante legal de Patxi López y Rodolfo Ares, también solicitaron el archivo de la causa, con argumentos similares a los esgrimidos por María Angeles Montes.
Ambos insistieron en que se han vulnerado derechos constitucionales, como el derecho a la tutela efectiva, al llevar esta caso a juicio, cuando 'la doctrina Botín' el Tribunal Supremo estable que no se puede hacer cuando no existe acusación particular y la Fiscalía no ejerce la acción penal.
Félix Rojo afirmó, además, que se desconoce 'con exactitud qué intereses' mueven a la acusación popular y sugirió que, detrás, puede haber motivaciones 'políticas'. Por ello, pidió la nulidad de las actuaciones y que éstas se retrotraigan al momento en el que dictó el auto de apertura de juicio oral, para que, en una nueva resolución, se decrete el sobreseimiento del procedimiento penal.
Por su parte, Goirizelaia también denunció 'dilación indebida' en el proceso, ya que se ha la vista oral se produce después de transcurridos casi tres años, cuando 'los hechos' son, desde el principio, los mismos.
También alegó que 'la dispersión' a la que han sido sometidos cuatro de sus defendidos: Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, que se encontraban en prisión, ha vulnerado el derecho a su defensa.
Según explicó, la letrada solicitó se trasladara a cárceles cercanas a los reclusos con una antelación mínima de un mes respecto a la celebración del juicio, para poder preparar su defensa, algo a lo que no se ha accedido. Además, pidió la suspensión del juicio, ya que faltan pruebas documentales que ella había solicitado.
ACTAS DE NEGOCIACIÓN
Por último, las acusaciones populares ejercidas por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia se opusieron al archivo de la causa y solicitaron que se admita la petición de una comisión rogatoria para que las autoridades de suiza colaboren y pongan a disposición del tribunal las actas de las negociaciones mantenidas por ETA y el Gobierno, custodiadas por el centro Henri Dunant.
El abogado del Foro de Ermua, Fernando García Capelo, aseguró que los medios de comunicación han publicado que en dichas actas consta que en las conversaciones entre el Ejecutivo y la banda armada se acordó que Batasuna y el PSE mantuvieran un encuentro público 'para dar por finalizada, de facto, la Ley de Partidos'.
A su juicio, 'ello demostraría que la reunión del 6 de julio de 2006 con los dirigentes socialistas no fue en nombre de la izquierda abertzale, sino de ETA'. A esta petición del Foro Ermua se sumó Dignidad y Justicia.
Sin embargo, la representación legal del lehendakari renunció al sobreseimiento de la causa, al considerar que los acusados ya han cumplido 'pena de banquillo', y buscará la absolución y la declaración de la inocencia del lehendakari. 'Queremos demostrar, no sólo que la actuación del lehendakari fue legítima, sino la de todos', aseveró.
El letrado planteó una cuestión previa, que luego retiró, en la que argumentó que la vista debería ser suspendida en base a la doctrina Botín, al no existir acusación particular ni ejercer la acción penal la Fiscalía, así como por el precedente sentado por la sentencia del Tribunal Supremo del 13 de noviembre de 2006, en la que se archivó la querella de Manos Limpias contra el presidente del Gobierno central y su Consejo de Ministros, por 'autorizar a los líderes socialistas vascos a mantener la reunión del 6 de julio de 2006 con los representantes de la izquierda abertzale'.
Casas recordó que entonces, el Supremo consideró 'un fraude' pretender limitar, en los tribunales, la 'acción política'. Tras subrayar que, en seis ocasiones ha solicitado la paralización del procedimiento, y también la nulidad de actuaciones, que han sido rechazadas tanto por el juez instructor, Roberto Sáiz, como por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, afirmó que retira la cuestión previa.
A su juicio, 'frente al diálogo no hay proceso penal, frente al diálogo hay soluciones y, si queremos vivir permanentemente mirando hacia atrás, bastará con plantear este tipo de querellas, si queremos mirar al futuro, habrá que trabajar en común'.
'La pena de banquillo que han soportado el lehendakari y el resto de los imputados es más que suficiente para que demostremos que nos asiste la razón y que, de esta Sala, pidamos ya una sentencia en la que se nos dé la razón', subrayó.
Para la defensa del lehendakari, es importante 'entrar en el fondo del asunto' porque 'queremos demostrar la inocencia, no sólo del lehendakari, sino de todos los demás' y defendió 'el derecho legítimo al diálogo y a la paz de este país'. 'Lo que hicieron fue legítimo y cabal, que fue dar un paso adelante y buscar soluciones de paz', añadió.
Por ello, aseguró que demostrará que el lehendakari, 'en el ejercicio legítimo de su cargo, hizo lo que tenía que hacer' y no ha hecho 'nada diferente a otros gobiernos democráticos' para resolver 'el conflicto vasco, la cuestión vasca, aquí relacionada con el tema de la violencia'.
FISCALÍA
Por su parte, la Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma Vasca, María Angeles Montes, pidió al Tribunal que dicte sentencia 'poniendo fin a la presente causa por supuesta desobediencia por la reuniones con Batasuna'.
En los primeros momentos de la vista oral, iniciada esta mañana, Montes planteó una cuestión previa en la que solicitó que se acabe el procedimiento penal al considerar que 'tal como el Tribunal Supremo afirmó en la sentencia del caso Botín, si la acusación particular o el Ministerio fiscal no ejercen la acción penal, no puede procederse a la apertura de juicio oral sólo con las acusaciones populares'.
Aunque reconoció que, debido al caso Atutxa, se puede producir una contradicción en esta doctrina, manifestó que, a su juicio, la que debe prevalecer es la del caso Botín.
IZQUIERDA ABERTZALE
Además, Jone Goirizelaia, letrada de los representantes de la izquierda abertzale, y Félix Rojo, representante legal de Patxi López y Rodolfo Ares, también solicitaron el archivo de la causa, con argumentos similares a los esgrimidos por María Angeles Montes.
Ambos insistieron en que se han vulnerado derechos constitucionales, como el derecho a la tutela efectiva, al llevar esta caso a juicio, cuando 'la doctrina Botín' el Tribunal Supremo estable que no se puede hacer cuando no existe acusación particular y la Fiscalía no ejerce la acción penal.
Félix Rojo afirmó, además, que se desconoce 'con exactitud qué intereses' mueven a la acusación popular y sugirió que, detrás, puede haber motivaciones 'políticas'. Por ello, pidió la nulidad de las actuaciones y que éstas se retrotraigan al momento en el que dictó el auto de apertura de juicio oral, para que, en una nueva resolución, se decrete el sobreseimiento del procedimiento penal.
Por su parte, Goirizelaia también denunció 'dilación indebida' en el proceso, ya que se ha la vista oral se produce después de transcurridos casi tres años, cuando 'los hechos' son, desde el principio, los mismos.
También alegó que 'la dispersión' a la que han sido sometidos cuatro de sus defendidos: Pernando Barrena, Juan José Petrikorena, Rufi Etxeberria y Olatz Dañobeitia, que se encontraban en prisión, ha vulnerado el derecho a su defensa.
Según explicó, la letrada solicitó se trasladara a cárceles cercanas a los reclusos con una antelación mínima de un mes respecto a la celebración del juicio, para poder preparar su defensa, algo a lo que no se ha accedido. Además, pidió la suspensión del juicio, ya que faltan pruebas documentales que ella había solicitado.
ACTAS DE NEGOCIACIÓN
Por último, las acusaciones populares ejercidas por el Foro de Ermua y Dignidad y Justicia se opusieron al archivo de la causa y solicitaron que se admita la petición de una comisión rogatoria para que las autoridades de suiza colaboren y pongan a disposición del tribunal las actas de las negociaciones mantenidas por ETA y el Gobierno, custodiadas por el centro Henri Dunant.
El abogado del Foro de Ermua, Fernando García Capelo, aseguró que los medios de comunicación han publicado que en dichas actas consta que en las conversaciones entre el Ejecutivo y la banda armada se acordó que Batasuna y el PSE mantuvieran un encuentro público 'para dar por finalizada, de facto, la Ley de Partidos'.
A su juicio, 'ello demostraría que la reunión del 6 de julio de 2006 con los dirigentes socialistas no fue en nombre de la izquierda abertzale, sino de ETA'. A esta petición del Foro Ermua se sumó Dignidad y Justicia.
