El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, dijo que la Fiscalía de la Audiencia Nacional estudia el auto en el que el juez Santiago Pedraz archivó la causa abierta a los promotores del 25S, por si fuera objeto de recurso y entendiera que es contrario a su posición desde un punto de vista jurídico.
Torres-Dulce, en declaraciones a los periodistas ayer en Logroño, añadió que puede que la Fiscalía de la Audiencia Nacional se muestre conforme con este auto y no lo recurra o que, por el contrario, inicie un recurso si viera 'alguna discrepancia en cuanto a la interpretación jurídica de los hechos de las pruebas practicadas y de fondo'.
'No hay tomada ninguna decisión y cuando (la Fiscalía de la Audiencia Nacional) la adopte, me la comunicará', precisó. El fiscal general aseguró que con el respeto que le merece Pedraz y la institución a la que pertenece comparte las 'decisiones de fondo jurídicas' que ha emitido en el auto, pero 'no algunas de las observaciones de carácter no estrictamente jurídico'.
Torres-Dulce añadió que 'las decisiones de los tribunales de justicia hay que respetarlas y acatarlas, no solamente de boquilla', ya que cree que 'en eso se basa el Estado de Derecho y la división de poderes, que son ejes absolutos y constantes de la convivencia democrática'. 'Si empezamos a deslegitimar a las instituciones, vamos a crear un verdadero problema respecto a la no credibilidad del Estado de Derecho', puntualizó Torres-Dulce.
DECADENCIA POLÍTICA
Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, defendió a Santiago Pedraz de las críticas vertidas contra él por el PP, que le llamó 'pijo ácrata' por criticar la actuación policial y aludir a la 'decadencia de la clase política' en el auto que archivó la causa contra los organizadores del 25-S. Según Bravo, 'de haberse producido un exceso' en los términos empleados por el juez central de Instrucción número 1, 'en ningún caso se justifica el recurso al insulto personal'.
Finalmente, la portavoz reconoce que ante la posible existencia en el auto del juez de elementos ofensivos, 'hay que recordar que tanto dentro como fuera del mismo proceso existen mecanismos para corregirlo'.
Mientras, el sindicato Manos Limpias denunció a Pedraz ante el CGPJ al considerar que se extralimitó al incluir determinadas expresiones en su auto. A juicio de esta organización, el juez puede haber incurrido en falta grave tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo que conllevaría una multa de hasta 6.000 euros. En concreto, consideran que Pedraz ha podido incurrir en una falta grave del articulo 418.3 de la LOPJ, que prevé sanciones por 'dirigir a los poderes públicos felicitaciones o censuras por sus actos'.
'No hay tomada ninguna decisión y cuando (la Fiscalía de la Audiencia Nacional) la adopte, me la comunicará', precisó. El fiscal general aseguró que con el respeto que le merece Pedraz y la institución a la que pertenece comparte las 'decisiones de fondo jurídicas' que ha emitido en el auto, pero 'no algunas de las observaciones de carácter no estrictamente jurídico'.
Torres-Dulce añadió que 'las decisiones de los tribunales de justicia hay que respetarlas y acatarlas, no solamente de boquilla', ya que cree que 'en eso se basa el Estado de Derecho y la división de poderes, que son ejes absolutos y constantes de la convivencia democrática'. 'Si empezamos a deslegitimar a las instituciones, vamos a crear un verdadero problema respecto a la no credibilidad del Estado de Derecho', puntualizó Torres-Dulce.
DECADENCIA POLÍTICA
Por su parte, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, defendió a Santiago Pedraz de las críticas vertidas contra él por el PP, que le llamó 'pijo ácrata' por criticar la actuación policial y aludir a la 'decadencia de la clase política' en el auto que archivó la causa contra los organizadores del 25-S. Según Bravo, 'de haberse producido un exceso' en los términos empleados por el juez central de Instrucción número 1, 'en ningún caso se justifica el recurso al insulto personal'.
Finalmente, la portavoz reconoce que ante la posible existencia en el auto del juez de elementos ofensivos, 'hay que recordar que tanto dentro como fuera del mismo proceso existen mecanismos para corregirlo'.
Mientras, el sindicato Manos Limpias denunció a Pedraz ante el CGPJ al considerar que se extralimitó al incluir determinadas expresiones en su auto. A juicio de esta organización, el juez puede haber incurrido en falta grave tipificada en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), lo que conllevaría una multa de hasta 6.000 euros. En concreto, consideran que Pedraz ha podido incurrir en una falta grave del articulo 418.3 de la LOPJ, que prevé sanciones por 'dirigir a los poderes públicos felicitaciones o censuras por sus actos'.
