El informe concluye que no es posible determinar médicamente las lesiones sufridas por el joven que destapó el caso
Un informe médico forense incorporado a la causa judicial que investiga los supuestos abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores en Granada ha concluido que "no es posible determinar médicamente" ahora las secuelas o lesiones sufridas por el joven que, con su denuncia, destapó este caso.
En el referido informe, dos forenses del Instituto de Medina Legal de Granada comunican al Juzgado de Instrucción 4 de Granada que, en este caso concreto y dado el tiempo transcurrido, "no podrían establecer una relación causal" entre lo denunciado y posibles lesiones actuales.
Este informe pericial se produce después de que el juez preguntara a las forenses si había ahora posibilidad médica de determinar la existencia de posibles lesiones derivadas de los abusos, que supuestamente se produjeron hasta los 17 años, cuando la supuesta víctima tiene en la actualidad 25 años.
A raíz de una petición de la Fiscalía, el instructor Antonio Moreno pretendía de esta forma, recoge el propio informe, conocer si es posible determinar dichos síntomas y su "relación de causalidad" con hechos presuntamente ocurridos hace más de siete años.
Las forenses señalan al respecto que, en el momento actual, "no es posible médicamente" determinar la existencia de las posibles lesiones al no cumplirse diferentes "criterios médico-legales" que recogen en el informe.
En ese sentido, explican que los hechos relatados por el denunciante no suelen producir siempre lesiones, incluso en menores de edad, y que no serían signos "exclusivos" de abusos sexuales.
El letrado Jorge Aguilera, que representa al joven denunciante, ha señalado que lo recogido en este informe no invalida "en absoluto" lo manifestado por su cliente y que se trata solo de un criterio teórico de las forenses, que se han pronunciado sobre la posible existencia de un síndrome a partir de la solicitud del juez y sin reconocer además a la víctima.
Por contra, el abogado de la defensa, Javier Muriel, ha dicho que se trata de otra diligencia que, puesta en conexión con el resto de datos objetivos como la "negativa" del denunciante a ser reconocido por los expertos forenses, pone de relieve a su juicio "la ausencia de prueba en contra de sus clientes".
En la causa, cuya investigación comenzó en octubre del 2014, fueron imputados diez sacerdotes y dos seglares por los supuestos abusos sexuales, aunque el juez instructor, Antonio Moreno, consideró prescritos la mayoría de los delitos y pidió mantener la imputación solo del principal acusado, el padre Román.
