MÁS BENEFICIARIOS

Gallardón cede a las presiones y amplía la justicia gratuita

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acompañado de Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz (ZIPI)
photo_camera El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, acompañado de Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz (ZIPI)

El ministro modifica el proyecto para víctimas de terrorismo, de violencia de género y discapacitados.

El Gobierno dio marcha atrás y aprobó ayer el reformado proyecto de Ley de Justicia Gratuita que amplía sus beneficiarios con el objetivo de facilitar el acceso a la misma y que "nadie quede fuera de los tribunales" por carecer de recursos, en palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

El ministro destacó como principales novedades que tendrán derecho a justicia gratuita independientemente de sus ingresos las víctimas del terrorismo, de violencia de género y de trata de seres humanos así como los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos o maltrato y las víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños. También las asociaciones de víctimas del terrorismo, organizaciones de discapacitados y de consumidores y usuarios, Cruz Roja, sindicatos y representantes de los trabajadores, así como entidades gestoras de la Seguridad Social y del Servicio Público de Empleo.



CAMBIO DE UMBRAL

Asimismo, el umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el salario mínimo interprofesional anual (14.910 euros) a 2,5 veces el indicador de renta de efectos múltiples -IPREM- (19.170 euros). En circunstancias especiales familiares, de salud o de discapacidad el límite para poder acceder a este derecho se eleva de cuatro veces el salario mínimo interprofesional (29.821 euros) a cinco veces el Iprem(31.950)

Las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones vieron elevado el umbral para beneficiarse de tres a cinco veces el Iprem (de 19.170 a 31.950 euros).

Otras novedades son la incorporación al sistema de los graduados sociales en procedimientos laborales y el establecimiento de nuevos controles para evitar abusos y fraudes.n

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