El magistrado Manuel Marchena, que instruye la causa abierta en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por un presunto cohecho impropio relacionado con su organización de unos cursos en la Universidad de Nueva York en 2005 y 2006, se vió obligado a archivar ayer esta investigación al considerar que, a pesar de que el juez actuó de forma delictiva, los hechos prescribieron al superar, en 25 días, el plazo establecido.
Así lo recordó Marchena en un auto en el que acepta las alegaciones del abogado de Garzón, Enrique Molina, y de la Fiscalía y determina que 'el transcurso del plazo de tres años es innegable, con el consiguiente efecto extintivo en la responsabilidad criminal en que hubiera podido incurrir' el acusado.
Según relató, el último de los patrocinios, efectuado por el BBVA, data del 17 de mayo de 2006, mientras que la querella presentada por la acusación popular que dio origen al procedimiento se presentó el 12 de junio de 2009, 'habiendo transcurrido 3 años y 25 días desde la comisión de los hechos'.
Marchena declaró prescritos los hechos cuatro días después de que el Supremo condenara al juez por ordenar las escuchas del 'caso Gürtel', lo que supondrá su expulsión de la carrera judicial.
IMPUTADO POR COHECHO
El pasado 26 de enero, el magistrado imputó a Garzón un delito de cohecho impropio al estimar que las cantidades abonadas por los patrocinadores de sus cursos 'tuvieron siempre relación directa' con su condición de juez.
Así, relata que el juez contactó con responsables del Banco Santander, BBVA, Telefónica y Cepsa para reclamar 'ayuda económica' y que esas empresas 'tenían en común el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos' en el Juzgado del que Garzón era titular en la Audiencia Nacional.
Garzón, añadió el instructor, llegó a solicitar hasta 2.595.375 dólares, aunque las entidades rebajaron la cuantía reclamada, algunas por el carácter 'injustificado de los presupuestos' y otras 'por la falta de seriedad en la descripción de los proyectos de convenio'. 'Mediante esas gestiones, Garzón obtuvo para la Universidad que le abonaba sus honorarios, pagaba a su asistenta personal, cubría los gastos de escolarización de su hija y, además, ponía a su disposición una elevada retribución en especie', la cantidad total de 1.237.000 dólares.
Respecto a si recibió esos patrocinios por su condición de juez, Marchena subraya que 'la respuesta es bien sencilla: las cartas, documentos y certificaciones incorporados a la causa hablan por sí solos'.
Añade que la declaración de los testigos sugiere que el dinero fue entregado 'en atención al cargo de quien se lo solicitaba o para la consecución de algún acto justo o injusto' lo cual, de no ser por la prescripción, 'habría acarreado unas consecuencias jurídicas inmediatas' y un 'desenlace bien distinto' al del archivo. Como ya hizo en el auto en el que transformó la causa en procedimiento abreviado, poniendo fin a la investigación, Marchena rechazó que los hechos constituyan un delito de prevaricación o de cohecho propio, tal como sostuvo la acusación popular.
Según relató, el último de los patrocinios, efectuado por el BBVA, data del 17 de mayo de 2006, mientras que la querella presentada por la acusación popular que dio origen al procedimiento se presentó el 12 de junio de 2009, 'habiendo transcurrido 3 años y 25 días desde la comisión de los hechos'.
Marchena declaró prescritos los hechos cuatro días después de que el Supremo condenara al juez por ordenar las escuchas del 'caso Gürtel', lo que supondrá su expulsión de la carrera judicial.
IMPUTADO POR COHECHO
El pasado 26 de enero, el magistrado imputó a Garzón un delito de cohecho impropio al estimar que las cantidades abonadas por los patrocinadores de sus cursos 'tuvieron siempre relación directa' con su condición de juez.
Así, relata que el juez contactó con responsables del Banco Santander, BBVA, Telefónica y Cepsa para reclamar 'ayuda económica' y que esas empresas 'tenían en común el haber sido objeto de investigación por hechos imputados a sus directivos' en el Juzgado del que Garzón era titular en la Audiencia Nacional.
Garzón, añadió el instructor, llegó a solicitar hasta 2.595.375 dólares, aunque las entidades rebajaron la cuantía reclamada, algunas por el carácter 'injustificado de los presupuestos' y otras 'por la falta de seriedad en la descripción de los proyectos de convenio'. 'Mediante esas gestiones, Garzón obtuvo para la Universidad que le abonaba sus honorarios, pagaba a su asistenta personal, cubría los gastos de escolarización de su hija y, además, ponía a su disposición una elevada retribución en especie', la cantidad total de 1.237.000 dólares.
Respecto a si recibió esos patrocinios por su condición de juez, Marchena subraya que 'la respuesta es bien sencilla: las cartas, documentos y certificaciones incorporados a la causa hablan por sí solos'.
Añade que la declaración de los testigos sugiere que el dinero fue entregado 'en atención al cargo de quien se lo solicitaba o para la consecución de algún acto justo o injusto' lo cual, de no ser por la prescripción, 'habría acarreado unas consecuencias jurídicas inmediatas' y un 'desenlace bien distinto' al del archivo. Como ya hizo en el auto en el que transformó la causa en procedimiento abreviado, poniendo fin a la investigación, Marchena rechazó que los hechos constituyan un delito de prevaricación o de cohecho propio, tal como sostuvo la acusación popular.
