El Consejo de Ministros encargó ayer al Ministerio de Justicia iniciar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que contemple la delegación de competencias a los consejos autonómicos de Justicia y evitar la inconstitucionalidad del Estatut en este capítulo, anulado por la sentencia del alto tribunal.
El Ejecutivo recibió ayer un informe del vicepresidente tercero, Manuel Chaves, sobre los pasos que va a dar el Gobierno 'para desarrollar el Estatut' una vez conocida la sentencia y 'clarificados sus términos'. Según explicó la portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Gobierno quiere 'impulsar' la ley catalana 'en todos sus ámbitos' y 'en el marco del Estatut aprobado por las Cortes y refrendado por los ciudadanos de Cataluña'.
La única reforma legislativa que se prevé es la ya anunciada de la Ley Orgánica del Poder Judicial; además, se impulsarán los traspasos de competencias pendientes 'una vez avalada la práctica totalidad del Estatut' en la sentencia. El Gobierno quiere 'dar satisfacción a las aspiraciones de los ciudadanos de Cataluña de más autogobierno y dar también canalización a sus sentimientos identitarios'. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, explicó De la Vega, tendrá 'una doble vertiente'. Por un lado, analizar las competencias que puede delegar el Consejo General del Poder Judicial a los consejos de justicia que se establecen en los nuevos estatutos de autonomía, no sólo el catalán, y 'una posible reforma' de la casación.
En segundo lugar, el departamento ministerial que dirige Francisco Caamaño estudiará el Estatuto del Ministerio Fiscal 'para permitir la incorporación de los fiscales a los consejos de justicia'. De la Vega explicó que la única reforma legislativa prevista es esta porque el capítulo declarado inconstitucional por el alto tribunal es el del Consejo de Justicia de Cataluña.
La única reforma legislativa que se prevé es la ya anunciada de la Ley Orgánica del Poder Judicial; además, se impulsarán los traspasos de competencias pendientes 'una vez avalada la práctica totalidad del Estatut' en la sentencia. El Gobierno quiere 'dar satisfacción a las aspiraciones de los ciudadanos de Cataluña de más autogobierno y dar también canalización a sus sentimientos identitarios'. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, explicó De la Vega, tendrá 'una doble vertiente'. Por un lado, analizar las competencias que puede delegar el Consejo General del Poder Judicial a los consejos de justicia que se establecen en los nuevos estatutos de autonomía, no sólo el catalán, y 'una posible reforma' de la casación.
En segundo lugar, el departamento ministerial que dirige Francisco Caamaño estudiará el Estatuto del Ministerio Fiscal 'para permitir la incorporación de los fiscales a los consejos de justicia'. De la Vega explicó que la única reforma legislativa prevista es esta porque el capítulo declarado inconstitucional por el alto tribunal es el del Consejo de Justicia de Cataluña.
