El Consejo de Ministros aprobará este mes la reforma educativa sin cambios fundamentales, ya que los elementos esenciales están cerrados, según subrayó ayer la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien precisó que el gabinete no envió ayer el proyecto al Parlamento, como había previsto el Ministerio de Educación, debido a que la propuesta legislativa tenía 'unas observaciones' que han de resolverse antes de aprobarse en Consejo de Ministros, lo que podría ocurrir el viernes próximo, según fuentes gubernamentales.
'Hay algunos aspectos en la memoria económica que destacó el Consejo de Estado y que se están fortaleciendo', comentó en la rueda de prensa posterior al Consejo. También dijo que queda por cerrar 'de qué manera podemos mejorar la financiación de la ley en el nuevo marco financiero plurianual'.
Entre otros puntos, aunque no citó ninguno en concreto, el dictamen consultivo del Consejo de Estado entiende que el Gobierno debe clarificar los costes efectivos de la ley y la fijación de los 'compromisos en el tiempo para su financiación'. Además, mencionó la vicepresidenta la posibilidad, en colaboración con el Ministerio de Empleo, de que algunos aspectos novedosos de la FP cuenten con fondos europeos con vistas a una mayor dotación.
Preguntada la vicepresidenta por la regulación del aprendizaje en castellano en las comunidades autónomas con lengua cooficial y, más concretamente, en Cataluña, respondió: 'Este Gobierno va a garantizar, a través de la ley, la libertad que establece la Constitución, reconocida por el Tribunal Constitucional', lo que se hará con 'los mecanismos pertinentes que permiten lograr el objetivo esencial' de recibir la educación 'en la lengua que han decidido' los ciudadanos.
Entre otros puntos, aunque no citó ninguno en concreto, el dictamen consultivo del Consejo de Estado entiende que el Gobierno debe clarificar los costes efectivos de la ley y la fijación de los 'compromisos en el tiempo para su financiación'. Además, mencionó la vicepresidenta la posibilidad, en colaboración con el Ministerio de Empleo, de que algunos aspectos novedosos de la FP cuenten con fondos europeos con vistas a una mayor dotación.
Preguntada la vicepresidenta por la regulación del aprendizaje en castellano en las comunidades autónomas con lengua cooficial y, más concretamente, en Cataluña, respondió: 'Este Gobierno va a garantizar, a través de la ley, la libertad que establece la Constitución, reconocida por el Tribunal Constitucional', lo que se hará con 'los mecanismos pertinentes que permiten lograr el objetivo esencial' de recibir la educación 'en la lengua que han decidido' los ciudadanos.
