El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial que incrementa la sanción económica por conducir bajo los efectos del alcohol de los 500 euros actuales a 1.000, mientras que para los casos de infracción por consumo de drogas se impondrá una multa de 1.000 euros.
Esta reforma sólo supone la subida de la cuantía de la multa, mientras que las tasas máximas de alcohol permitidas no sufrirán variación, ni tampoco los puntos que se detraen del carné en caso de ser multado por dar positivo en la prueba de alcohol. La prueba será mediante saliva como medio habitual y la de contraste será un análisis de sangre.
De este modo, la tasa máxima permitida para los conductores en general seguirá siendo de 0,25 miligramos de alcohol por litro en aire expirado, que desciende a los 0,15 para los conductores noveles y para los de transportes de mercancías o de vehículos especiales.
Además, los peatones que cometan infracciones también deberán someterse a estos controles. La actual regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.
La ley volverá a prohibir en vehículos el uso de detectores de radar, con una sanción de 200 euros y detracción de 3 puntos del permiso, que fueron autorizados en 2009 al ser eliminados del reglamento durante su tramitación parlamentaria. Asimismo, se mantiene la prohibición sobre los inhibidores de radares.
Otra de las propuestas será la que permitirá la retirada del permiso de circulación cuando se inmovilice un vehículo hasta que se abonen los gastos de la inmovilización, o ampliar la posibilidad de inmovilizar vehículos en casos como la conducción sin el permiso para camiones o autobuses.
De este modo, la tasa máxima permitida para los conductores en general seguirá siendo de 0,25 miligramos de alcohol por litro en aire expirado, que desciende a los 0,15 para los conductores noveles y para los de transportes de mercancías o de vehículos especiales.
Además, los peatones que cometan infracciones también deberán someterse a estos controles. La actual regulación permite hacer este tipo de controles a los peatones únicamente cuando son víctimas o participan en la producción de un siniestro.
La ley volverá a prohibir en vehículos el uso de detectores de radar, con una sanción de 200 euros y detracción de 3 puntos del permiso, que fueron autorizados en 2009 al ser eliminados del reglamento durante su tramitación parlamentaria. Asimismo, se mantiene la prohibición sobre los inhibidores de radares.
Otra de las propuestas será la que permitirá la retirada del permiso de circulación cuando se inmovilice un vehículo hasta que se abonen los gastos de la inmovilización, o ampliar la posibilidad de inmovilizar vehículos en casos como la conducción sin el permiso para camiones o autobuses.
