El Gobierno espera que Artur Mas, no llegue a celebrar la consulta que pactó con ERC para 2014. Pero en caso de que lo haga, confían en que acate la sentencia del Constitucional prohibiendo la consulta, ya que el Gobierno la recurrirá. De lo contrario, aseguraron l fuentes del Ejecutivo, la única salida será ir a la vía penal para inhabilitar al jefe del gobierno catalán.
Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy no alberga esperanzas en que Mas desista de sus planes. Por ello, el Gobierno recurrirá ante el Constitucional si se convoca la consulta y ante la previsible anulación de la misma por parte del tribunal.
Si Artur Mas no acatase la sentencia, al Gobierno no le quedaría otra opción que recurrir a la vía penal para pedir la inhabilitación del presidente de la Generalitat. El recurso a la vía penal, según fuentes del Ejecutivo, no sería para meter a Mas en la cárcel, sino para inhabilitarle para ejercer el cargo.
Y si la insumisión siguiera, el siguiente paso sería aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé que el Ejecutivo de Madrid ejercite la competencia que una comunidad no lleva a cabo de manera conveniente y que en este caso, sería para sustituir al presidente catalán.
El citado artículo dice, que 'si una autonomía no cumpliere las obligaciones que la ley le impone, o actuare de forma que atente contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones'.
En el punto segundo del 155, se especifica que 'para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas'.
Si Artur Mas no acatase la sentencia, al Gobierno no le quedaría otra opción que recurrir a la vía penal para pedir la inhabilitación del presidente de la Generalitat. El recurso a la vía penal, según fuentes del Ejecutivo, no sería para meter a Mas en la cárcel, sino para inhabilitarle para ejercer el cargo.
Y si la insumisión siguiera, el siguiente paso sería aplicar el artículo 155 de la Constitución, que prevé que el Ejecutivo de Madrid ejercite la competencia que una comunidad no lleva a cabo de manera conveniente y que en este caso, sería para sustituir al presidente catalán.
El citado artículo dice, que 'si una autonomía no cumpliere las obligaciones que la ley le impone, o actuare de forma que atente contra el interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones'.
En el punto segundo del 155, se especifica que 'para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas'.
