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Gobierno y PP rompen la negociación del CGPJ ante posiciones "irreconciliables"

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Gobierno y PP rompen la negociación del CGPJ ante posiciones "irreconciliables"

photo_camera Casado habla ante Sánchez en el Congreso. (EFE)
El acuerdo parecía encaminado pero ambas partes han constatado "líneas rojas"

El Gobierno y el Partido Popular han roto las negociaciones para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de otros órganos constitucionales al constatar que sus líneas rojas son "irreconciliables". El Ejecutivo y el PP han informado pasada la medianoche en sendos comunicados idénticos que durante todo el jueves han mantenido conversaciones telefónicas y contactos que han certificado la existencia de "escollos" que impiden llegar a un pacto.

En concreto, han explicado que han intentado cerrar un acuerdo para las renovaciones pendientes en el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, el Tribunal de Cuentas y la Agencia Española de Protección de Datos. Pero finalmente no ha sido posible pese a que sí lograron un pacto para la renovación de Consejo de Administración de Radiotelevisión Española.

Fuentes del Gobierno han manifestado que en las conversaciones se ha constatado que las líneas rojas del Gobierno y las del PP son "irreconciliables" en este momento. Por ello consideran que si alguien modifica su actitud, tendría sentido volver a sentarse para negociar, pero por el momento no se ha fijado un plazo para ello.

Por su parte, fuentes del PP han insistido en que hay diferencias importantes que impiden lograr cualquier tipo de acuerdo. Entre ellas explican que el PSOE ha planteado que el juez José Ricardo de Prada forme parte como vocal del CGPJ.

Ricardo de Prada, uno de los jueces del caso Gürtel, era uno de los nombres que había vetado el PP junto al de Victoria Rosell, actual delegada contra la Violencia de Género, por considerarlos cercanos a Podemos. Este juez, señala el PP, no ha sido elegido por sus compañeros dentro del turno judicial ni ha recogido avales para ello.

Por tanto, consideran que se trata de un fraude de ley ya que lo que creen que se intenta es que un juez entre en el Consejo "por la puerta de atrás", por el turno de juristas, sin haber recabado los avales suficientes de sus compañeros.

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