Los tres miembros de la Comisión Internacional de Verificación (CIV), que testificaron hoy sobre el paradero de los etarras con los que se reunieron, contaron con el aval del Gobierno vasco, mientras que el PP los acusa de trabajar para ETA.
Antes y después de su comparecencia, el lehendakari, Iñigo Urkullu, y el secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno vasco, Jonan Fernández, se han reunido con los verificadores para transmitirles su apoyo porque, según ha dicho el segundo, el Ejecutivo vasco "ampara" su labor, que "no tiene nada que ver" con la financiación de sus actividades.
Fernández ha pedido a los poderes del Estado que reflexionen sobre las "consecuencias" de someter a la sociedad vasca "a un estado de convulsión permanente" y de "espasmos uno detrás de otro" en relación a la banda terrorista, a la que también ha llamado a reflexionar sobre las consecuencias de la "dilatación del final de su existencia", una disolución que debe ser compartida.
Desde el PP ha sido su vicesecretario de Estudios y Programas, Esteban González Pons, quien ha asegurado que los verificadores que han anunciado el inicio del desarme parcial de la banda "trabajan para ETA y no para España", y ha calificado su visita como "un espectáculo que nos ha llamado poderosamente la atención".
"Han venido a mentirnos y a contarnos una historia que no es la de la derrota de los terroristas sino la de un pacto que resulta imposible", ha afirmado González Pons, que ha recalcado que "deberían haber ido en primer lugar a la Audiencia Nacional" porque "lo único que cabe es que verifiquen ante los jueces quién les paga los viajes, con quién se han reunido y dónde guardan las pistolas".
Ram Manikkalingam (Sri Lanka), Ronnie Kasrils (Sudáfrica) y Chris Maccabe (Reino Unido) han testificado ante el juez Ismael Moreno después de que les citara ayer a petición del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), que ha considerado "lamentable" el aval del lehendakari y que los testimonios han destapado una "farsa" porque han reconocido que ETA "no ha entregado ningún arma".
Gorka Maneiro, portavoz de UPyD en el País Vasco, ha pedido la dimisión de Urkullu porque "con su comportamiento ha ayudado a humillar a las víctimas del terrorismo", y ha indicado que "nunca le ha visto actuar tan raudo y veloz para defender a las víctimas del terrorismo, más bien lo contrario".
Además del apoyo de Urkullu y Fernández, el PNV ha colgado en su página de Facebook un mensaje de "solidaridad y cercanía" a los verificadores, cuyo "único fin es ayudar a la ciudadanía vasca a pasar, de una vez por todas, la página de la violencia y a consolidar la paz y la convivencia en Euskadi".
A las puertas de la Audiencia Nacional ha acudido también el diputado de Amaiur Jon Iñarritu para apoyar la labor de los verificadores, y ha dicho que es "ridículo" y "un sinsentido" que tengan que declarar en ese tribunal, lo que responde a que "el Gobierno español no quiere dar pasos en la resolución del conflicto"
EH Bildu ha acusado al Ejecutivo central de "hostigar judicialmente" a los verificadores en un intento de "torpedear" el proceso de paz abierto en el País Vasco, y ha señalado que con esta citación se "ha hecho el mayor de los ridículos ante Europa y ante el mundo".
"Vergüenza" ha dicho sentir el presidente de Sortu, Hasier Arraizm, por el hecho de que "agentes internacionales se impliquen más que los locales" en la "resolución del conflicto" en el País Vasco y ha añadido: "desde la Inquisición hasta la Audiencia Nacional la evolución de la cultura democrática en España ha sido más bien escasa".
Aralar, por su parte, ha exigido al PP y a la Audiencia Nacional que al menos se aparten si no quieren contribuir al proceso de paz, y que "no sean agentes generadores de conflicto que actúan por su propio interés y amparados en la venganza".
Desde el Sindicato Unificado de Policías (SUP), su portavoz, José María Benito, ha dicho que es una "burla evidente a la sociedad española, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a las víctimas" que ETA enseñara sus armas a los "verificadores" y se las volviera a llevar.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, ha reiterado hoy en Barcelona el compromiso de las instituciones europeas con la víctimas, al tiempo que ha reconocido la tarea "enormemente difícil y complicada" que supone acabar con el terrorismo.
