Denuncia el "inasumible" tratamiento de las lenguas cooficiales.
El Gobierno vasco ha acordado recurrir ante el Tribunal Constitucional la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), al considerar que vulnera sus competencias en aspectos como la regulación del "alcance" del euskera en la enseñanza y que supone un "menoscabo" del derecho a la educación.
La decisión de recurrir la LOMCE -que el Gobierno vasco ya había anunciado a finales de 2013- ha sido confirmada este martes por el portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, y por la consejera de Educación, Cristina Uriarte, tras el Consejo de Gobierno en el que se ha dado el visto bueno a este recurso, así como a otros dos que se interpondrán contra las leyes de evaluación ambiental y de unidad de mercado.
El gabinete de Iñigo Urkullu estima que el Ejecutivo central "se ha extralimitado en la regulación" de estas materias, y que ha "invadido" sus competencias de educación, medio ambiente y ecología, así como la autonomía política de las comunidades autónomas.
Una vez aprobado el recurso, y si alguna de las partes lo solicita, se abriría un plazo de seis meses de negociación en la Comisión Bilateral entre el Estado y el País Vasco para tratar de llegar a un acuerdo y evitar que el asunto se dirima en los tribunales.
Uriarte, que ha reconocido que el recurso no evita que el Ejecutivo autonómico se vea obligado a "cumplir" con lo establecido en la LOMCE, ha reiterado que, sin embargo, "no hay tiempo" para poner en marcha la reforma a partir del próximo curso.
"Injusta homogeneización"
El Gobierno autonómico cree que la LOMCE tiene "un carácter injustificadamente homogeneizador que choca frontalmente con los fines del sistema educativo vasco", sobre el que afirma que está cimentado "en el profundo respeto a los valores democráticos, la pluralidad y el bilingüismo, en la compensación de las potenciales desigualdades y en la integración de la diversidad en las aulas".
El Ejecutivo considera que existe "conflicto de constitucionalidad" en aspectos como la determinación y evaluación de los estándares de aprendizaje. El Gobierno vasco denuncia que la Administración central "se atribuye, con carácter exclusivo y excluyente", la fijación de los contenidos de las materias que los profesionales de la educación deben impartir, cuando esta es una cuestión "que requiere de la participación de los gobiernos autonómicos".
Autonomías "relegadas"
Además, denuncia que la LOMCE introduce pruebas de evaluación externa del alumnado al final de la ESO y al final de Bachillerato, de manera que la comunidad autónoma "queda relegada a mera ejecutora de los criterios que fije el Gobierno español, algo que supone la negación de las competencias educativas recogidas en el Estatuto de Gernika".
El gabinete de Urkullu cree que la ley "se extralimita" al fijar "con demasiado detalle" las condiciones de acceso y admisión del alumnado a la Formación Profesional y universitaria. Al hacerlo -advierte- "no deja margen" a las administraciones educativas para que puedan establecer sus criterios en virtud de sus necesidades propias.
Euskera
Una de las cuestiones que más "preocupa" al Gobierno vasco es el tratamiento "inasumible" que la LOMCE da a las lenguas cooficiales. En este sentido, recuerda que "la competencia para regular el alcance de la cooficialidad nunca corresponde al Estado, sino en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Euskadi".
Por otra parte, el Ejecutivo estima que la reforma educativa "vulnera el derecho fundamental" a la educación en aspectos como la separación entre las diferentes opciones de enseñanza (Bachillerato o FP) a los 15 años. A su juicio, esto supone "una segregación temprana que se ha demostrado tiene efectos negativos sobre la eficiencia y la equidad de los sistemas educativos".
También ha criticado que se modifiquen los criterios de escolarización, al establecerse el criterio de rendimiento escolar, en manos del centro escolar, lo que "pone en cuestión la igualdad de las condiciones básicas en el ejercicio del derecho a elegir centro de enseñanza en condiciones de gratuidad". Asimismo, critica que la ley plantea una significativa reordenación de las funciones del Consejo Escolar, que "reduce de manera significativa su participación".
Mercado y Medio Ambiente
Respecto a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, el Gobierno autonómico piensa que esta norma "pretende una uniformización de la diversidad regulatoria autonómica bajo el pretexto de garantizar la unidad de mercado nacional".
En su opinión, "unificar" no es lo mismo que "uniformar", por lo que "no es tolerable que, apelando a la libertad de establecimiento y de circulación de personas, bienes y servicios como eje fundamental y elemento nuclear del orden económico, se menoscabe el principio de autonomía y de la distribución competencial para regular las materias de mayor dimensión económica".
El Ejecutivo vasco considera que la Ley de evaluación ambiental "es tan exhaustiva y legisla con tal detalle que queda agotada, prácticamente, la capacidad de la comunidad autónoma para establecer normativa adicional en materia de medio ambiente y ecología".
Además, considera esta normativa nace cuando se está tramitando una modificación extensa de una directiva comunitaria sobre evaluación ambiental de proyectos, que "con toda probabilidad obligará a revisar esta ley".
