Coincidiendo con la celebración del Día de la Constitución el Congreso de los Diputados exhibe en algunas ocasiones los textos constitucionales que han marcado la historia democrática de España. En fechas señaladas abandonan la soledad de la caja fuerte del Archivo del Congreso para que los ciudadanos puedan acercarse hasta ellas.
Entre las más populares ninguna como la Constitución de 1812, bautizada popularmente como "la Pepa", en ese afán de los españoles por motejar todo lo que hay a su alrededor y porque fue probada un 19 de marzo, día de San José. La edición manuscrita está encuadernada en terciopelo de seda roja y firmada por los diputados al lado del territorio que representaban. Las Cortes, reunidas primero en el Teatro Cómico de la isla de León (San Fernando) y más tarde en la ciudad de Cádiz, aprobaron el texto durante la invasión napoleónica y con el rey Fernando VII ausente. La vuelta a España de Fernando VII en 1814 supuso su derogación y el regreso al absolutismo, pero tras el pronunciamiento de Riego en 1820, el rey se vio obligado a jurarla permaneciendo vigente durante el Trienio Liberal.
La Constitución de 1837 sucedió al efímero Estatuto Real de 1834, que si bien supuso el final de la etapa absolutista de Fernando VII, no tuvo carácter constitucional. La Constitución de 1837 mantenía la soberanía nacional y creaba un parlamento con dos cámaras de iguales facultades, Congreso de los Diputados y Senado. Contenía una declaración sistemática de derechos, incluyendo la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de expresión, las garantías penales y procesales, el derecho de petición, la igualdad en el acceso a los cargos públicos y el derecho a la propiedad.
La Constitución de 1845 tuvo vigencia considerable, hasta 1869. Establece un predominio de la Corona sobre las demás instituciones. En el texto desaparece el concepto de soberanía nacional, sustituido por la soberanía compartida entre las Cortes y el rey, quien tiene la potestad de nombrar al jefe de gobierno y disolver las Cortes. Respecto al Senado, opta por la fórmula del nombramiento real, vitalicio y reservado a personas con un nivel determinado de renta. Se suprime el juicio por jurado. Se eliminan las posibilidades de participación en los ayuntamientos y se disuelve la Milicia Nacional.
La Constitución de 1869 recoge los principios esenciales de soberanía nacional, sufragio universal y concepción de la monarquía como poder constituido. Lo más original de la Constitución era su amplia declaración de derechos, que abordaba cuestiones fundamentales como el juicio por jurado, la acción popular, el derecho de asociación, la libertad de enseñanza y, por primera vez, la libertad de cultos. Su vigencia duró poco debido a la gran inestabilidad política provocada por la monarquía de Amadeo de Saboya, la Primera República y la revolución cantonal.
La Constitución de 1876. La Restauración borbónica, con la proclamación de Alfonso XII como Rey, supuso el diseño de una nueva constitución, que ha sido la de mayor vigencia que ha tenido España, estuvo en vigor hasta 1923. El texto vuelve a adoptar la soberanía conjunta del rey y las Cortes, con un sistema parlamentario bicameral.
Siglo XX
En el siglo XX España acuñó dos textos constitucionales. La Constitución de 1931 cambia la forma del Estado de Monarquía a República. El artículo primero define a España como “una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”. Establece que “los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo” y que “la República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y las regiones”. La Constitución reconoce por primera vez el voto de la mujer y consagra el sufragio universal igual, libre, directo y secreto. El Estado es laico y se suprime el apoyo económico a la Iglesia Católica y las órdenes religiosas. Hay libertad de cultos. Incluye una amplia declaración de derechos. Se reconocen por primera vez los derechos sociales y económicos: seguros de enfermedad, accidente, paro, invalidez y vejez, trabajo femenino, jornada laboral y salario mínimo, entre otros.
Finalmente, el recorrido histórico concluye con la Constitución de 1978 que es la que ha llegado a nuestros días, aunque con dos modificaciones realizadas en los años 1992 y 2011. El 15 de junio de 1977 se celebraron las elecciones para constituir las Cortes que habrían de elaborar y aprobar esta nueva Constitución. El texto fue encargado a los denominados “siete padres” y fue aprobado por las Cortes y, por abrumadora mayoría, en el referéndum del 6 de diciembre de 1978.
