El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha insistido este viernes en que el euro por receta es una tasa que ha aprobado el Gobierno regional por la prestación de un servicio, en este caso, la expedición de la receta, y que entra dentro de su marco competencial.
Preguntado por el recurso ante el Tribunal Constitucional que previsiblemente este viernes el Consejo de Ministros aprobará presentar contra la medida, González ha explicado que cuando Madrid decidió ponerla en marcha, estaba ya funcionando en Cataluña y entonces no se tenía conocimiento de que el Ejecutivo central fuera a recurrirlo.
En una entrevista en TVE, González ha aclarado que se trata de una medida que se tomó 'dentro de las previsiones de los presupuestos' para este año y 'por la necesidad de hacer un ajuste presupuestario' ante la caída de ingresos' y con el objetivo de reducir 2.700 millones de euros 'obligados por un sistema de financiación injusto'.
En aquel momento, según ha señalado, no tenían conocimiento de que el Gobierno central fuera a recurrir la medida porque estaba funcionando 'razonablemente bien' en Cataluña y, además, esta comunidad presentaba un ahorro farmacéutico 'siete puntos por encima de la media nacional', ha explicado.
No obstante, cuando se conoció que el Gobierno de Mariano Rajoy iba a presentar el recurso, González ha asegurado que siempre han dicho que 'estaban dispuesto a asumir lo que se acordara con Cataluña', pues, con ellos, tenían las 'negociaciones más avanzadas', pero, sin embargo, ha añadido, no se llegó a cerrar acuerdo alguno.
'Entendemos que es una medida que tomamos dentro de nuestro marco competencial, que no es discriminatoria y que no es recaudatoria sino disuasoria', ha recalcado al respecto, al tiempo que ha dicho que es algo 'bastante habitual' entre la Administración central y las comunidades que se presenten este tipo de situaciones.
Preguntado sobre si se trata de un repago, el presidente madrileño ha señalado que 'absolutamente no tiene nada que ver' porque están cobrando por una prestación de un servicio que entra, entienden, dentro de sus competencias y que la medida no tiene por objeto recaudar sino que no se expida más recetas de las que son indispensables y haya un 'uso racional'.
En una entrevista en TVE, González ha aclarado que se trata de una medida que se tomó 'dentro de las previsiones de los presupuestos' para este año y 'por la necesidad de hacer un ajuste presupuestario' ante la caída de ingresos' y con el objetivo de reducir 2.700 millones de euros 'obligados por un sistema de financiación injusto'.
En aquel momento, según ha señalado, no tenían conocimiento de que el Gobierno central fuera a recurrir la medida porque estaba funcionando 'razonablemente bien' en Cataluña y, además, esta comunidad presentaba un ahorro farmacéutico 'siete puntos por encima de la media nacional', ha explicado.
No obstante, cuando se conoció que el Gobierno de Mariano Rajoy iba a presentar el recurso, González ha asegurado que siempre han dicho que 'estaban dispuesto a asumir lo que se acordara con Cataluña', pues, con ellos, tenían las 'negociaciones más avanzadas', pero, sin embargo, ha añadido, no se llegó a cerrar acuerdo alguno.
'Entendemos que es una medida que tomamos dentro de nuestro marco competencial, que no es discriminatoria y que no es recaudatoria sino disuasoria', ha recalcado al respecto, al tiempo que ha dicho que es algo 'bastante habitual' entre la Administración central y las comunidades que se presenten este tipo de situaciones.
Preguntado sobre si se trata de un repago, el presidente madrileño ha señalado que 'absolutamente no tiene nada que ver' porque están cobrando por una prestación de un servicio que entra, entienden, dentro de sus competencias y que la medida no tiene por objeto recaudar sino que no se expida más recetas de las que son indispensables y haya un 'uso racional'.
