La asociaciones judiciales consideran que la actual legislación responde ya a estos delitos
El Ministerio del Interior contabilizó el año pasado 1.172 delitos de odio, una cifra que "se engordaría" considerablemente si se incluyeran los insultos y vejaciones que se vierten en la red. ¿Están suficientemente perseguidos en la legislación actual? Los expertos consultados creen que sí. Así lo afirmaron portavoces de Jueces para la Democracia (JpD), de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria y del Foro de Justicia Independiente (FJI) tras la ola de insultos vertidos en internet que supuestamente han hecho apología del asesinato sobre la muerte de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco.
Todos ellos coincidieron con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, quien declaró el viernes pasado que "las leyes españolas ya dan una respuesta" a estos delitos, aunque matizó que el Ejecutivo analizará "si es pertinente" reforzar el Código Penal. Mientras tanto, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró que desde su cartera y la de Justicia trabajarán conjuntamente para estudiar cómo "poner coto" a este tipo faltas.
Innecesaria
Los insultos emitidos en las redes sociales a raíz de la muerte de Carrasco ya tienen una respuesta jurídica "adecuada", según afirmó el portavoz de Jueces para la Democracia, Joaquim Bosch, quien consideró "innecesario" reformar el Código Penal. El magistrado se refirió a los casos de los dos jóvenes de 19 años imputados el pasado viernes por colgar en internet vídeos y comentarios con contenidos vejatorios sobre la presidenta de la Diputación de León, y otros en los que justificaba el asesinato de "políticos corruptos".
"Son meras expresiones de mal gusto que no deberían de tener reproche penal", dijo Bosch, quien apuntó que estas ofensas lesivas al honor deberían tener una "respuesta civil" de forma que la justicia exigiera a los responsables de los insultos en redes sociales "una indemnización para la familia de Carrasco".
Solamente aquellos insultos más graves, los que se calificasen como de injurias o calumnias, deberían enjuiciarse por la vía penal lo que implicaría, según puntualizó Carrasco, que las personas consideradas culpables "podrían ser penadas con entre seis y dos años de encarcelamiento".
En esta línea, Marcelino Sexmero, presidente de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, afirmó que internet no es "distinto de la vida real" y "los delitos son los mismos". Sexmero insistió también en "atender" a lo que ya existe en el Código Penal, aunque reconoció que se puede constatar una "preocupación" por parte de algunos políticos hacia los delitos cometidos en las redes, ya que éstos se quedan "grabados".
El presidente del Foro de Justicia Independiente, Ángel Dolado, coincidió con Sexmero en que el sistema judicial ya tiene "suficientes problemas" como para que la Guardia Civil se disponga a "rastrear la red" en busca de este tipo de faltas. "Dar una vuelta de tuerca al Código con un nuevo artículo sería legislar en caliente", añadió Dolado.
Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Álvaro García, también consideró que internet es "solo un medio" a través del que se cometen estos "delitos de injurias o de incitación al odio", que ya están reconocidos y penados en el Código Penal. García abrió, no obstante, la posibilidad de que el Código Penal pudiera incluir una "agravante extraordinaria" por la difusión de injurias y calumnias en redes sociales, que tuvieran un número alto de seguidores y por tanto "gran repercusión".
Solo un medio
Sin embargo, para Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, la modificación del código penal sería una "excelente noticia" para colaborar en la lucha contra los delitos de odio, "especialmente" en internet. "La mayor dificultad para juzgar este tipo de infracciones en la red se encuentra en la autoría -agregó- ya que la mayoría de los usuarios son anónimos y los servidores de las webs con comentarios vejatorios suelen estar alojados en Estados Unidos y Canadá donde la legislación es mucho más permisiva".
